La Política y la Reforma Agraria

Condiciones que fundamentan la necesidad de una reforma agraria integral; Tipos de reforma agraria implementadas hasta fines de los años 60 del siglo XX; Breve síntesis de la cuestión agraria en Argentina; Argentina, Siglo XXI: Sugerencia de política agraria. La Marcha al Campo.  

ng. Agr. Guillermo Gallo Mendoza et al.
Buenos Aires, agosto 31 de 2006

INDICE

TEMAS

Pág.

A Modo de Introducción

1 a 3

Condiciones que fundamentan la necesidad de una Reforma Agraria Integral

3 a 4

Tipos de Reformas Agrarias implementadas hasta fines de los años 60,  del Siglo XX

4 a 7

Las Reformas Agrarias desde los últimos años de la década de los años 60

7 a 9

Breve síntesis de la Cuestión Agraria en Argentina

9 a 20

Argentina, Siglo XXI: Sugerencia de Política Agraria
* A modo de Introducción
* El Significado de “La Marcha al Campo”
* Lo que la Constitución Nacional de 1994 posibilita
* Estimación de los tiempos requeridos para la implementación de “La Marcha      al Campo”

20 a 44

ANEXOS:

  1. Información asumida en las estimaciones del Costo del Programa
  2. Tipo de Organización al interior de las Unidades Asociativas Cooperativas
  3. Aproximación a la estimación del costo del Programa
  4. Sugerencia Bibliográfica
44 a 52

A MODO DE INTRODUCCIÓN

Antes de referirnos específicamente a casos específicos de Reforma Agraria en la Región, creemos necesario definir que entendemos por Reforma Agraria, aunque sesgada por referencias al caso nuestro, el caso Argentino, y a casos de los Países de la Región.

Si la pregunta respecto a que se entiende por Reforma Agraria estuviese dirigida a numerosos profesionales del agro, incluyendo en ello a los no muy numerosos economistas que incursionan en el sector, lamentablemente todavía muy parcialmente y con visión fragmentaria, seguramente, de la mayoría de ellos escucharíamos respuestas semejantes a la predominante en los años de la segunda mitad del siglo XX, en parte de cuyas décadas hablar de reforma agraria estuvo casi de moda, pero solo de hablar y por moda. Las respuestas, palabras más, palabras menos, dirían que se trata de la  adecuación del uso de los factores de producción agropecuaria para aumentar la eficiencia de éstos.

Pero si la pregunta se formulara a algunos terratenientes inteligentes, que sin duda los hay, seguramente responderían diciendo que se trata de modernizar las actividades productivas, introduciendo maquinaria, insumos, cambios en los manejos culturales y en la gestión en general, como hacen ellos.

En cambio, si la pregunta fuera efectuada a políticos, parte de los que se animaran a contestar la pregunta, dirían seguramente que se trata de poner en marcha proyectos de colonización y servicios complementarios, usando para ello parte de la tierra de propiedad fiscal, sin responder a que parte de la superficie se refieren y bajo que régimen de tenencia debería implementarse; otra parte, la de los más audaces, responderían que significaría reglamentar adecuadamente el persistente, aunque tratado como “invisible”, artículo 14 bis de la Constitución Nacional (1), claro está que cumpliendo a rajatabla lo establecido por el artículo 17 de la misma Constitución (2); mientras que otros repetirían que se trata de concretar el principio de que tierra debe ser para quien la trabaja, pero sin aclarar demasiado si tal afirmación abarca solo a los actuales propietarios de ella, o si también incluye a los actuales productores bajo forma de tenencia “no propietario”, así como a los potenciales beneficiarios de las acciones implícitas en la afirmación, es decir, a los que forman el contingente de los minifundistas “expulsados”, y a la población “expulsada” de otros sectores de producción y de servicios, que aspiran a instalarse como productores agropecuarios. Por supuesto, muy pocos abundarían en afirmaciones respecto a la necesidad de terminar con el latifundio improductivo, socializando la tenencia de la tierra. Por su parte, algunos empresarios industriales se manifestarían de acuerdo con una reforma agraria que incrementara la demanda de maquinarias, equipos, insumos, etc., posibilitando así el crecimiento y fortalecimiento de sus negocios.

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(1) Art. 14 bis de la Constitución Nacional de 1994: “El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital y móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; …”.

(2) Claro que en este tema la Constitución Nacional de 1949, anulada por ilegal e ilegítimo Decreto de la dictadura instaurada por golpe militar, establecía respecto a la Propiedad Privada que “el  hombre tiene el derecho natural de apropiarse de los frutos de su trabajo y de su ahorro, pero tiene prioridad el derecho de todos sobre el derecho de cada uno. La propiedad privada cumple una doble misión: social e individual”, señalando además que “el campo no debe ser un bien de renta, sino instrumento de trabajo. La tierra debe ser del que la trabaja”. Es decir, siempre se menciona la segunda parte de la oración, sin unirla a la primera. Para mayor conocimiento o recordación, léase los artículos 38, 39 y 40 de la CN de 1949, en especial el artículo 39 que determina que “El capital debe estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objeto el bienestar social. Sus diversas formas de explotación no pueden contrariar los fines de beneficio común del pueblo argentino”.

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