UN PAIS AL MARGEN DE LA LEY

 

por Alejandro Olmos Gaona (*)

Tal el título de un excelente libro totalmente agotado del eminente jurista CARLOS NINO, prematuramente desaparecido, y que fuera el que instrumentó el juicio a las juntas de la dictadura en el año 1984, en el que siempre encuentro reflexiones interesantes sobre ese estado permanente de ilegalidad en el que vivimos en la Argentina, la irresponsabilidad de la dirigencia política y la falta de memoria que tiene una gran parte de ella.

Esto viene a cuento del último acuerdo celebrado con el FMI, que traerá graves consecuencias para la economía del país, y que como es habitual solo servirá para garantizar el pago de las obligaciones externas.

Multitud de voces se han lanzado señalando sus fallas, sus condicionamientos, sus consecuencias, y hace unos días se envió una carta a la directora del FMI, Christian Lagarde, realizando una serie de advertencias sobre la oposición de todos los sectores y de la mayor parte del pueblo argentino. No firmé la carta, aunque me instaron a hacerlo, por las enormes falencias de la misma, por el desconocimiento de las leyes, y ciertas caracterizaciones jurídicas producto de una enorme ignorancia sobre la materia.

Ya se que ciertos buenos “amigos”, me calificaran como siempre lo hacen de soberbio y varias cosas más, pero simplemente quiero comentar algo que tiene que ver con la coherencia política y el debido ejercicio de las funciones de gobierno, aunque a esta altura no debería asombrarse que eso casi no exista.

Sería muy largo poner en evidencia algunas de las inexactitudes de esa nota, donde por otra parte se hacen consideraciones muy oportunas y exactas sobre el significado del acuerdo con el FMI, pero voy a referirme a una sola de ellas que resulta sustancial, y también pone en evidencia la actuación irresponsable de algunos de sus firmantes.

Alli en la parte sustancial se sostiene que el Acuerdo con el FMI debería pasar por el Congreso, y que el Poder Ejecutivo no lo ha hecho por “ciertas interpretaciones legales” esquivando la obligación constitucional que obliga a que sea el Congreso quien trate y apruebe el endeudamiento externo.

Es cierto que el texto constitucional, establece que el Congreso de la Nación es quien tiene competencia sobre las obligaciones externas (art. 75, inc. 4 y 7), pero el gobierno no hizo pasar el Acuerdo por ese poder del Estado, debido a que existe una Ley de Administración Financiera (24.156) que autoriza al gobierno a acordar con cualquier organismo multilateral del que forme parte, sin pasar por el Poder Legislativo, debido a que este delegó esas facultades que le confiriera la Constitución en el Poder Ejecutivo.

Si bien esa ley fue dictada en 1992, durante el menemismo, su validez fue ratificada por ambas Cámaras del Congreso, por una mayoría abrumadora en el año 2013. Cuando hablo de falta de coherencia, es porque entre los que ratificaron su vigencia, se encuentran muchos de los que firmaron esa nota cuestionando los argumentos del gobierno, como los diputados Felipe Solá, Leonardo Grosso, Laura Alonso, Andrés Larroque, Fernando “Chino” Navarro, Wado de Pedro, Guillermo Carmona, Carlos Kunkel, Mayra Mendoza, Araceli Ferreyra, Horacio Pietragalla, María I. Pilatti Vergara, Julia Perié, etc. También firman muchos que eran ministros durante la gestión anterior como los actuales diputados Agustín Rossi y Axel Kicillof, quien parece que han perdido la memoria, cuestionando hoy lo que aprobaron hace cinco años, y que siendo funcionarios no se tomaron el trabajo de hacer nada para modificar la norma.

Tanto no les interesó que toda la constitución de deuda pasara por el Congreso, que distintos proyectos para modificar la ley, que preparé y fueron presentados entre los años 2010 y 2017 en ambas Cámaras, nunca fueron tratados ni siquiera en Comisión.

Como ya lo comentara, hace un mes volví a reiterar esa imprescindible modificación, y de los senadores de la oposición, nadie lo quiso firmar, excepto Pino Solanas. La senadora Kirchner solo presentó un proyecto, para que se eliminara la palabra “confiscación” de los fondos del ANSES, del acuerdo con el FMI, pero nada más. O no leen lo que escribieron, o se olvidan deliberadamente, o les parece más fácil el discurso engañador, que hablarle con claridad al pueblo, sobre sus propias falencias y reiteradas equivocaciones.

Hace más de una década plantee públicamente la inconstitucionalidad de esa delegación legislativa, ya que la doctrina es categórica al respecto, aunque hay algunos constitucionalistas que dudan sobre el tema, y jamás me llevaron el apunte. Ahora ante la coyuntura, y la enormidad de esta nueva deuda, con sus condicionamientos anexos, los firmantes de la nota van a la carga, aunque jamás vi que algunos de ellos (dirigentes sociales, escritores, dirigentes políticos, diputados, senadores, hicieran absolutamente nada para impugnar la Ley.

En el caso de los legisladores que respondían al anterior gobierno, es obvio que no les interesaba hacerlo, porque justificaban las competencias del Poder Ejecutivo, para contraer deuda con organismos internacionales como el BID y el BM, sin pasar por el Congreso. Ahora han cambiado de opinión, y no se dan cuenta, que esa no es la forma de hacer política, de ejercer debidamente las responsabilidades públicas, de defender el patrimonio de todos. Están habituados al oportunismo de siempre, a la coyuntura, a utilizar cualquier circunstancia para sobreactuar mediáticamente y no hacer lo que corresponde de conformidad con la Constitución y la ley, y así nos va.

Mucho palabrerío insustancial contra la dictadura, y contra las gestiones anteriores, pero nunca han querido cambiar leyes que desde la dictadura,siguen gravitando pesadamente en el ordenamiento jurídico del país permitiendo que los ladrones de guante blanco sigan haciendo reiteradamente de las suyas, y que el actual gobierno, que está hipotecando nuestro futuro, utilice esas herramientas jurídicas en beneficio de su nefasta gestión.

(*) Alejandro Olmos Gaona es historiador y especialista en derecho internacional, y ha investigado la deuda externa argentina y de América Latina. En su extenso currículum sobresale su asesoramiento al gobierno ecuatoriano de Rafael Correa para la reestructuración de su propia deuda exterior. Además continuó la causa que iniciara su padre en 1982, en la que la justicia federal (después de 20 años) declaró la ilegitimidad de la deuda externa. Es autor de La deuda odiosa (Peña Lillo, 2005)

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