Clima enrarecido

Por Horacio Meguira

Hemos decidido dar a conocer qué acontece en el expediente sobre la validez de las elecciones complementarias celebradas el 9 de diciembre pasado que se encuentran caratulados como “CTA c/Junta Electoral Nacional de la CTA s/Amparo” y su acumulado “Micheli, Pablo c/M.T.E. y SS s/Amparo”.

Entendemos que es una forma de garantizar la transparencia de las decisiones que se adopten en las distintas instancias que aun están pendientes, después del fallo de Primera Instancia del Trabajo Nº 26 a cargo del Dr. Pablo Candal.

La parte resolutiva del fallo dice expresamente:

“1) Rechazando la acción de nulidad planteada contra la resolución de convocatoria a elecciones complementarias que se llevaron a cabo el 09/12/2010;

2) Declarando abstracta la acción deducida contra el Ministerio de Trabajo…

5) Hágase saber a las partes que el régimen de apelación de la presente sentencia será el establecido en los art. 245, 246 y 498 incisos 3 y 6 del CPCCN”.

Nos hemos enterado por boca del propio Ministro Carlos Tomada que la cartera a su cargo decidió apelar la sentencia de Primera Instancia.

El expediente acumulado (Micheli c/M.T.E. y S.S. s/Amparo) al principal (CTA c/Junta Electoral s/Amparo) tenia como objeto subsidiario la solicitud de declaración de nulidad de la resolución de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales del 7 de diciembre de 2010 que dispuso “desconocer la validez de la convocatoria” a elecciones complementarias para el día 9 de Diciembre de 2010 realizada por la Comisión Ejecutiva Nacional de la CTA en la reunión que la misma llevara a cabo el día 25 de Noviembre de 2010.

Dicha nulidad fue planteada subsidiariamente a la petición principal de que se declare abstracta la mencionada resolución por haber sido subsanado cualquier “vicio formal” que se le pudiera adjudicar a la decisión adoptada por la Comisión Ejecutiva en la reunión del día 25 de Noviembre a través de la ratificación que hiciera el mismo órgano ejecutivo el día 9 de Diciembre.

En su fallo el Juez Candal declaró abstracta esta acción deducida por Pablo Micheli contra el Ministerio de Trabajo, que como dijera precedentemente había sido acumulada a la acción deducida por Hugo Yasky en nombre y representación de la CTA.

Por lo cual la apelación del Ministerio de Trabajo ordenada por el titular en persona, no tiene una razón jurídica. No fue condenado, ni hubo en la sentencia alusión a la resolución que emitiera la Dirección de Asociaciones Sindicales. Reitero, la petición de Pablo Micheli en cuanto a que la misma se declarara abstracta o subsidiariamente se nulifique, fue declarada abstracta en la sentencia.

En este contexto podemos afirmar sin equívoco que las razones de la apelación, no obedecen a razones jurídicas sino políticas.

Simultáneamente, aquí en Ginebra, la delegación del Gobierno argentino encabezada por la doctora Noemí Rial ha afirmado ante la Comisión de Poderes de la Conferencia, que “es seguro que el Juez Candal atenderá a su pedido de modificar la concesión del recurso de apelación con efecto devolutivo a la de efecto suspensivo”.

Recordamos que en la misma sentencia se hace saber a las partes que los recursos de apelación se resolverán de acuerdo a lo normado por el art. 498, incs. 3 y 6 del CPCCN, es decir con efecto devolutivo.

Esta temeraria afirmación de la Delegación del Gobierno argentino en la 100 reunión de la Conferencia de la OIT, tiene como finalidad dilatar la resolución de la Comisión que debe resolver la impugnación que hubiéramos hecho de la integración de la Delegación de los trabajadores en representación de la CTA, y a su vez presionar al juez Candal para que se desdiga del punto 5 de la sentencia, dándole efecto suspensivo a la apelación.

En tal sentido cabe recordar el dictamen del Fiscal, Alejandro Perugini, en la medida cautelar denegada a Hugo Yasky en estos mismos autos: “habiendo asumido la autoridad elegida, pretenda desplazársela en beneficio de la que fue su competidora, pues fuera de la urgencia que supondría evitar el cambio de mando con las consecuencias practicas que de ello derivan, que es lo que pudo justificar una medida cautelar como la adoptada, una vez que el cambio se ha operado, no existe ninguna razón que impida aguardar el resultado del proceso respetando tal situación, máxime cuando quienes han asumido no son otra cosa que una de las dos opciones puestas por la institución a consideración de los electores, y que, por ello, debe considerárselos idóneos para el ejerció de la función, sin que pueda presumirse dogmáticamente que el ejerció de la conducción por uno de los dos candidatos posibles, en definitiva el que, bien o mal, resultó electo, supone un daño a la entidad cuando tal administración, como cualquier otra, quedara sujeta a los propios mecanismos de control que derivan de la propia vida institucional”.

Es evidente que el caso es muy sensible al poder político y más en la actual coyuntura electoral nacional; sabemos también que tradicionalmente la injerencia del Ministerio de Trabajo ha sido intensa en los procesos electorales sindicales.

Por eso es tan intensa la necesidad de que los Jueces mantengan su independencia y las garantías necesarias para que no sean sometidos a presiones por parte de abogados influyentes o jueces superiores.

Al respecto sería necesario que las entidades que agrupen a jueces y abogados en general y especialmente los de la especialidad, se pronuncien reafirmando esta condición ineludible en Estado de Derecho.

Tampoco voy a ocultar mi preocupación ante las recientes noticias publicadas en los diarios, sobre irregularidades en los concursos de Jueces de Cámara y la aparente actitud de algunos jueces de cambiar su voto en el útimo fallo plenario ante la solicitud del Poder Eecutivo.

Esto enrarece el clima y nos toca a todos lo que entendemos al Fuero del Trabajo como esencial para lograr mayor igualdad y justicia.

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