Acerca de la cuestión agropecuaria o “del campo” – NUESTROS TERRITORIOS

El conflicto está planteado. El desarrollo del mismo es por demás complejo, lo que no admite esquemas reduccionistas. Lo cierto es que parte de la realidad de nuestras configuraciones sociales y culturales está emergiendo a la superficie con nuevas manifestaciones de conciencias colectivas. Por lo tanto el sistema político en cuanto a su legitimidad y eficacia y en sus hegemonías y marginalidades está siendo fuertemente interpelado.
Sin perjuicio de todo ello definamos ante todo lo que entendemos es la sustancia del conflicto: lo que aparece claro en este conflicto es la disputa por la apropiaci ón de la renta generada por el aprovechamiento de los recursos naturales, y NO un enfrentamiento por determinar cual debería ser la función social de la renta, ya que este pensamiento no ha sido planteado en la disputa como controversia sustancial.
La disputa esta dada entre los actuales gobernantes, quienes necesitan obtener la mayor cantidad posible de recursos monetarios para la “gobernabilidad” en el marco de lo que siempre denominaron “capitalismo ordenado”, es decir, no para iniciar procesos de distribución sustancial y justa (¿recuerdan aquello de la Justicia Social?) de la riqueza (que no es lo mismo que distribución del ingreso, fantasía con la cual se sigue engañando a incautos); y los grandes capitalistas que se apropiaron directa o indirectamente de los recursos naturales involucrados en la producción agropecuaria, quienes están dispuestos a apoyar irrestrictamente la “gobernabilidad” de regímenes que no afecten la voracidad que muestran respecto a la apropiación de la totalidad de los ingresos generados por la producción y comercialización de los productos del sector.

La disputa es solo entre los gobernantes y los socios que terminan siempre siendo privilegiados, por cuanto los pequeños y la mayoría de los medianos productores son casi invitados de piedra, ya que a la hora del reparto, como resultado de la “paz” pactada, solo recogen lo que cae de la mesa en la que se sientan los grandes capitalistas del sector.
En la perspectiva trazada y con el fin de eludir cómodas simplificaciones y comenzar una auténtica discusión, creemos necesario comenzar por plantear nuevos interrogantes en vez de insistir con viejas respuestas “de manual” que no siempre explican ni significan las realidades de nuestro tiempo. En concreto: ¿Nuestro País llegó al final del camino para ingresar en el indeseable sendero de una agricultura sin agricultores y de un medio rural sin habitantes? (Ver anexo Nº 1)

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En esta perspectiva entendemos aconsejable detenernos en algunas consecuencias del modelo agrario vigente, inferidas a partir de la lectura de los últimos censos agropecuarios y de población y vivienda (Ver anexo Nº 2)para tener básicos insumos de información acerca de la realidad concreta de la que se habla y se pretende comprender, desde ya para transformarla.
La complejidad de la cuestión planteada merece que dispongamos esfuerzos por despojarnos de categorías de análisis, definiciones, caracterizaciones, lenguajes, imágenes y significados varios sostenidos desde una retórica que torpe e inútilmente intenta significar con cierta vulgaridad ideológica las nuevas realidades que nos atraviesa y nos reconfigura.
La rápida aparición y difusión de la siembra directa, con aplicación de nuevos recursos tecnológicos que permiten trabajar grandes extensiones en mucho menor tiempo que hace dos décadas y la aparición de capitales financieros por completo ajenos al medio rural, pero que comparten la renta posible con las ganancias del plazo fijo u otros esquemas de especulación financiera; son factores que han trastocado totalmente nuestro perfil productivo agropecuario en los últimos 20 años.
Es ante esta nueva realidad de nuestros territorios, que creemos necesario volver a plantear desde lo político la discusión y la acción de una reforma agraria (Ver anexo Nº 3) en los marcos conceptuales de una política de Estado que disponga una nueva ocupación del territorio nacional desde la perspectiva de un Desarrollo Sustentable.
La racionalidad del estilo postulado está centrada en la satisfacción de las necesidades esenciales de la población de esta generación y de la futura, en base a la intensa utilización de los ecosistemas, maximizando la producción y el aprovechamiento y minimizando la degradación y el desaprovechamiento. Este estilo postula la activa participación de la población en las decisiones fundamentales del desarrollo, incluyendo la efectiva descentralización y democratización del Estado.

En un Plan de Desarrollo Sustentable (Ver Anexo N° 9), la estrategia consiste en un conjunto coherente de políticas, programas, proyectos y acciones pensadas y ejecutadas con el objetivo de concretar un sustancial mejoramiento de la calidad de vida de la población, de acuerdo a sus valores culturales, mediante la utilización integral y a largo plazo de los ecosistemas, tecnosistemas y agroecosistemas, sin pérdidas de biodiversidad, el uso de tecnologías adecuadas a estos fines y la activa participación de la población en las decisiones fundamentales.
Algo bien distinto por cierto a cerrar tratos con las cerealeras multinacionales y un puñado de molinos harineros que se apropian ilegítimamente de la renta de miles de productores. O bien a socorrer a las dos empresas que concentran el mercado lácteo desatendiendo a miles de tamberos. O bien pedir ayuda a los grandes frigoríficos exportadores que se aprovechan de las bajas del ganado en Liniers, que no llegan a los mostradores para ampliar sus márgenes de ganancia. Una política de Estado en resguardo de los intereses populares no puede pasar por apoyar a cuatro supermercados y un selecto club de empresas alimentarias que acaparan desde el mercado de galletitas y yogures hasta el de la cerveza.
Durante el año 2007 el Gobierno Nacional “distribuyó la riqueza” de 1500 millones de pesos en subsidios a la agroindustria, a cambio de mantener los precios de algunos productos esenciales. Cinco molinos recibieron la mayor parte de los 366 millones derivados al sector, las dos lácteas (Sancor y Mastellone), otros 320 millones; las aceiteras (destacándose por lejos General Deheza del actual legislador oficialista Roberto Urquía) 280 millones. En definitiva el tan mentado esquema distribucionista del gobierno nacional se basa en repartir estos recursos entre 20 empresas que concentran el 81 % de la totalidad de los subsidios. De más está aclarar que en cada una de las agroindustrias subvencionadas los precios aumentaron casi tan rápido como los desembolsos estatales.
Lo que resalta con lo hasta aquí puesto de manifiesto es que el conflicto tal como ha sido planteado no discute ni controvierte lo sustancial de la problemática en cuestión, ni mucho menos se enmarca en la discusión de un Nuevo Proyecto Nacional de Liberación. Es una disputa estrictamente rentística en la cual la inmensa mayoría del Pueblo está ausente sin representación política alguna; lo que no implica que no esté atento y expectante, reflexionando y pensado quién es quién en este tipo de disputas.

Editor Responsable
Consejo de Redacción
28 de Marzo de 2008

Información complementaria y datos estadísticos en:

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