Por Darío Quiroga
Especial para eldescamisado.org
Agosto, 2009
El inusitado despliegue de seguridad – pública y privada- que custodia la sede oficial del gobierno municipal de Almirante Brow en la Provincia de Buenos Aires, tuvo correlato hacia el interior de sus instalaciones como parte de la disputa que libran las distintas facciones el elenco oficialista por un bien que comienza a revelarse escaso: el manejo de fondos enviados por la administración nacional, conocido según el discurso presidencial como un programa para crear 100 mil puestos de trabajo –obviamente- para “la redistribución de la riqueza”.
David Coronel, coordinador de cooperativas de trabajo del ejecutivo municipal, fue cesanteado el pasado 13 de agosto por un decreto del Intendente Darío Giustozi y luego que una delegación policial lo conminó a abandonar su oficina, a 48 horas del compromiso previo asumido por Eduardo Fabiani, jefe de los ediles K, con la oposición a cambio que las denuncias por irregularidades en el área no fuesen llevadas al recinto. Lo que se dice; un pacto de impunidad.
Fueron Fabiani y Jorge Ayala, de pasado sindicalista, quienes evitaron la detención de Coronel. Su posición para evitar lo que insólitamente llaman “la criminalización de la disputa política”, quedó incluso empañada por las versiones que los sindican como posibles sucesores de Coronel.
Ante este tipo de situaciones desbordantes de pulsiones saqueadoras, fiel al estilo K el Municipio eligió el silencio y por interpósitas personas apenas esbozó una desmentida sobre una noticia que lo mantuvo inquieto antes que trascendieran los desaguisados con las cooperativas de trabajo.
El ex funcionario David Coronel asumió en diciembre del 2007 como coordinador de Cooperativas en la secretaría de Infraestructura y Servicios que comanda Daniel Bolettieri. Algunos de los trabajadores municipales cesanteados por decreto del Intendente el último día hábil de ese año lo reconocieron entre los integrantes de una patota que los agredió, como consta en denuncia judicial.
El integrante del “Movimiento Evita” Coronel -conducido por Emilio Pérsico- era el encargado de exigir a las cooperativas un importe de entre 400 y 600 pesos sobre los salarios de 1.300 pesos que percibían como participantes del plan “Agua + trabajo” financiado por el gobierno nacional para combatir el desempleo, según denunciaron miembros de algunas de ellas.
La mayoría de las sometidas a extorsión tuvieron a su favor el estar inscriptas en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAE), lo que facilitó la validez de sus presentaciones en la Intendencia y el Concejo Deliberante. No fueron los únicos lugares donde llegaron. En la reunión de labor legislativa previa a la sesión ordinaria del 11 de agosto, la oposición pidió explicaciones al irritado presidente del Concejo Deliberante, Mariano San Pedro.
La situación se destrabó con el compromiso asumido por el jefe del bloque kirchnerista, Eduardo Fabiani, de hallar una “$olución” a cambio que el tema no fuese llevado al recinto. Dos días después ocurrió la cesantía de Coronel a quien Giustozzi envió una delegación policial para hacer efectivo el desalojo de su despacho, en cumplimiento del compromiso que habrían asumido sus funcionarios para abandonar los cargos ante denuncias de esta naturaleza.
Nadie cree que la resuelta firmeza y celeridad de las autoridades haya sido inspirada en su sorpresa ante un inaudito hecho de corrupción. Coronel integra el Movimiento Evita donde trabó una aceitada relación con Emilio Pérsico. En representación de su sector debió haber integrado la lista de concejales kirchneristas pero fue literalmente barrido de ella con el argumento de las dificultades ahora confirmadas que atravesaba su gestión y para hacerle lugar en la nómina a Jorge Ayala, quien junto a Eduardo Fabiani, suenan como eventuales reemplazos.
Será un verdadero desafío para los ediles electos, si es que aceptan asumirlo en medio de la disputa que libran por el control de esos fondos Bolettieri y Diego Fernández Garrido, secretario de Producción y Desarrollo, que controla otro grupo de cooperativas nacidas bajo su gestión y que, al parecer, responden a un tipo de organización sui generis que no está contemplada en los cánones del INAE, razón por la que ninguna luce inscripta en ese organismo.
Los fondos en disputa son de un millón y medio de pesos mensuales y según algunas versiones, Garrido habría colocado a autoridades afines al menos en unas quince cooperativas, la mayoría ligadas al desmalezamiento y limpieza de zanjas y mantenimiento de cordones y veredas.
En un punto coinciden todas las facciones en disputa por el manejo y apropiación de los fondos públicos. Es su punto de encuentro y reflexión, es lo que los define en una práctica concreta, una de sus convicciones más firmes. Antes de toda discusión están convencidos que una transformación sustancial de esta realidad en la dirección de retornar al paradigma de la soberanía nacional y la justicia social es no sólo imposible sino también inoportuna.
Perdón por la crudeza del relato, pero así es, ni una palabra más ni una palabra menos. Aunque, levantando un poco la mirada no estaría de más percatarnos que estamos atravesando tiempos muy duros. En rigor, estamos atravesando un nuevo período histórico de particular reacción. Claro que esta visión entrará en controversia frontal con quienes piensan que vivimos una especie de nueva “ola democrática” al viejo estilo que se traduce al plano conceptual en caracterizar a este gobierno nacional como “progresista” o definirlo en tiempo histórico como “lo mejor que nos pasó desde 1983 hasta ahora”. Más bien todo parece indicar que estamos viviendo el post-neoliberalismo y nuevas formas de dominación. Tema que seguramente deberá ser objeto de un estudio profundo a fin de determinar en la práctica una propuesta política eficaz para enfrentarlo. Mientras tanto que no nos extrañe que el Estado subsidie no sólo la desocupación, sino también la cuota del afiliado y hasta la renta del funcionario del partido. Ya no se trata del clásico universo ideológico izquierda-derecha en el cual las posiciones se definían por cómo se administran modos de producción en cuanto al reparto de sus beneficios; hoy la disputa por el poder no se puede dar el lujo de esas intermediaciones. Hoy la cuestión es sobre qué modelo de desarrollo productivo logra hegemonizar las futuras décadas.
