PARA HACER TORTILLA HAY QUE ROMPER LOS HUEVOS

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El pasado 10 de diciembre de 2013 se cumplieron tres décadas, post dictadura genocida. Ese día del año 1983 asumía la conducción del Poder Ejecutivo Nacional el dirigente de la UCR Raúl Alfonsín, electo por el voto popular el 30 de Octubre del mismo año en un escenario de intensa participación. La dictadura oligárquico-militar más cruel que se recuerde se retiraba, dejando un tendal macabro de extremos deshumanos inimaginables. La pluma de Walsh escribió la síntesis: Estos hechos, que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son sin embargo los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada”.

Fue precisamente esa “atrocidad mayor” que castigó y sigue castigando con la “miseria planificada”, la que el “alfonsinismo” y el resto de las facciones subsiguientes de esa incipiente “clase política” no se animaron, o no supieron, o no quisieron revertir y sí, en cambio, se dedicaron más bien a administrar “lo existente”, al estilo de los antiguos “patrones de estancias”. En consecuencia, se dio por clausurada la discusión por el poder, y no precisamente por “mandato popular”, ya que los enunciados de los discursos preelectorales fueron uno a uno lisa y llanamente traicionados. De aquella soberbia del “tercer movimiento histórico” al actual experimento “bonsái” setentista, no menos soberbio que aquél, en realidad lo que transcurrió en los hechos no fue más que un encadenamiento de sucesivas políticas de Estado funcionales a la mencionada “atrocidad mayor”.

Nunca desapareció la política, en cambio sí los partidos políticos, como centros de aglutinación, reflexión y deliberación de militantes, afiliados y simpatizantes. El mercado desplazó a los partidos políticos en la función de promoción, elaboración y gestión para el dictado de políticas de Estado, es decir, asumió como propio todo el acontecer político nacional, transformando a la representación política en una mercancía. Los bienes fungibles que “concurren libremente” en ese “mercado” de la representación política no expresan más que individualidades que cotizan más o menos según su ubicación de cercanía e influencias en el manejo del dispositivo estatal, o bien según su capacidad estética de expresar el malestar social. El discurso sólo acompaña, es un murmullo de buenos deseos, explicitados solo con la finalidad de obtener votos, pero todos con el similar objetivo de administrar lo existente, “lo que hay”.

Claro, pareciera que estamos hablando de la responsabilidad de un mercado “invisible” que marca nuestro destino. Pero no es así, ese “mercado” tiene nombres y apellidos que estructuran organizaciones para “gestionar” nuestras inútiles humanidades. Y en esas estructuras se encuentran sociedades nacionales y transnacionales, que confluyen en organizaciones que se reparten el manejo del “negocio” otrora llamado Estado, que nítidamente comenzó a acelerar su desaparición a partir del año 1975, en los albores del golpe de Estado autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”, y que consolidara la dirección de avance de dicha desaparición, a partir de los años ‘90 del siglo XX.

Por las actuales circunstancias nacionales, podemos sostener que no existen evidencias de cambios en dicha dirección, sin negar que muchas de las decisiones de políticas activas implementadas resultaron exitosas en términos de enmascarar la nueva dictadura ejercida por el “mercado”.

Y entre dichas políticas activas se destacan aquellas que enmascaran las implicancias de la desocupación y la subocupación estructurales; la desaparición en la oferta nacional de bienes producidos por los sectores industrial, agroindustrial y agropecuario; el dictado de leyes con algunos artículos atractivos pero inaplicables por falta de reglamentación (voluntad política), y que enmascaran en especial la plena vigencia de leyes ilegítimas e ineficaces de la dictadura; la proclamada adhesión al antiimperialismo, pero sin acompañar ella con decisiones de políticas correlativas, y sí todo lo contrario, como la Ley de Inmuebles Rurales; además de acuerdos para explotación de hidrocarburos, y extracción de minerales y producción de algunos bienes agropecuarios, necesarios para el sostenimiento del desarrollo de potencias que actúan respecto a nuestro país, al estilo de los viejos imperios, claro está, modernizados; entre otros indicadores.

Por lo hasta aquí explicitado, puede inferirse que no sólo que “…el Pueblo no gobierna ni delibera…” sino que ni siquiera lo hace “…a través de sus “representantes”…”. Aún hoy subsiste la idea de “elección de representantes” del pueblo instituida por la Ley Nº 8.871 promulgada en febrero de 1912, conocida como “Ley Sáenz Peña”. La segregación a través del fraude directo e indisimulado de todo el tejido social del sistema político imperante en aquellos tiempos se canalizó a través de las reyertas internas en el seno de la clase patricia-oligárquica nacional, de las cuales saliera triunfante el “ala modernista” del Partido Autonomista Nacional al que pertenecía Roque Sáenz Peña, Presidente de la Nación “electo” en 1910, como dijimos, impulsor de la reforma. Los límites de la participación popular quedaron definidos en su artículo 39: “…el presidente del comicio entregará al elector un sobre abierto y vacío, firmado en el acto por él de su puño y letra, y lo invitará a pasar a una habitación contigua a encerrar su voto en dicho sobre…”. La técnica legislativa no dejaba lugar a dudas. No se trataba, ni se trata hoy de deliberar para decidir qué hacer, sino de optar entre decisores que deberían realizar “lo que hay que hacer”.

Mientras los partidos políticos, en el marco de esta “apertura democrática”, fueron nutridos por el entramado social con el fin de permear intereses sectoriales en el sistema político y en la estructura estatal, los decisores elegidos fueron expresando a su vez y en cierta medida la voluntad popular a través de este canal de participación. La experiencia política de la Clase Trabajadora Nacional, conjuntamente con el liderazgo del General Juan Perón y Eva Perón en el período 1943-1955, gestó un Estado de Justicia Social inaudito hasta ese entonces, desencadenándose una disputa concreta de intereses concretos. El núcleo oligárquico dominante, a través del uso de la fuerza del poder de fuego hegemónico, mediante lo que hoy conocemos como “golpe de Estado”, utilizando a las instituciones de las FFAA como su brazo ejecutor, interrumpió ese proceso de deliberación (y sus realizaciones) cuando se vio cuestionado y amenazado en lo neurálgico de su poder.

De esta forma el “partido político” fue un punto de encuentro deliberativo, una estructura jurídica legítima e idónea en que se condensaban las tendencias de opinión y de acción del tejido social, como reflejo de los agrupamientos que se disponían a la discusión del poder político. De ahí aquello de que “el Pueblo nunca se equivoca”.

Hoy el “partido político” es un trámite judicial-administrativo tedioso de admisión previa, en el que no se canaliza ningún tipo de participación efectiva. Hoy ningún partido político traduce la profusa policromía social y territorial expandida entre la población atravesada por la “atrocidad mayor”. Se impusieron nuevos obstáculos a la participación popular al absorberse los partidos políticos “tradicionales” (y de los otros también), como ya dijimos, en las cuentas patrimoniales del mercado. Por esto mismo, de vez en cuando, se escucha a alguien decir que “el mercado vota todos los días”. Los decisores “electos” están para administrar los requerimientos inmediatos del mercado, no ya para planificar un destino nacional de bien común, ni mucho menos para deliberar acerca de él, conjuntamente con el soberano. También están los “quejosos” electos que canalizan “terapéuticamente” el malestar social. En todo caso; es una condición indispensable para el funcionamiento eficaz de este sistema de toma de decisiones, impedir una deliberación popular genuina como soporte de la acción de gobierno.

Consecuencia lógica de este estado de cosas es la manifestación de un problema aún no resuelto, que define al actual sistema político, y es su creciente ilegitimidad e ineficacia, lo que se expresa en un estado de incertidumbre hacia el largo plazo; hoy el horizonte más lejano es el próximo trimestre. El Estado no planifica, y no lo hace porque su “contenido ético” está signado por las urgencias del “mercado”; todo queda librado a la (auto) regulación de la voracidad de “la competencia” asociada a la tasa de ganancia del capital, eufemismo característico del accionar de un reducido conjunto de familias facciosas propietarias monopólicas de fuertes vinculaciones globales organizadas en sociedades nacionales y transnacionales.

Lo que conocemos como “kirchnerismo” se inscribe en esta saga de “representación” producto de los ciclos del capitalismo dependiente. Lo demás es puro bochinche. Sucede que la “representación política”, como una mercancía más, no deja de ser un bien fungible que amortiza su función en el tiempo. En otras palabras; el kirchnerismo ya amortizó su vida útil y comienza a ser desplazado en su acción funcional al “mercado”. El 54 % fue un resultado carambolesco de la estadística electoral como consecuencia del repentino fallecimiento de Nestor Kirchner, nunca existió el tan mentado proyecto nacional.

Ha comenzado otra discusión. Las nuevas “representaciones” de la clase política llamadas al manejo del dispositivo “estatal-mercado” parecen no advertir los síntomas del acelerado deterioro del sistema. Puede asumirse que 35 % de la población total hoy no tiene cobertura social; que 84 % de dicha población total forma parte de familias que no perciben jubilación o pensión; y que de las restantes, es decir de las que forman parte de familias que perciben jubilación o pensión, el 22 % está integrado en familias que solo reciben pensión no contributiva, asistencial o graciable, por lo que, como mínimo más de un tercio de la población total cuenta con motivos prácticamente convincentes para considerarse no incluido en un proyecto de país (hasta se podría decir que el sistema político en operaciones considera a dicho tercio población “excedente”), además, que otro tercio vive al límite, con millones de trabajadores precarizados, en muchos casos con niveles de explotación cuasi-esclava, y que aún millones de asalariados sufren las consecuencias de ser víctimas de un disparatado impuesto a las “ganancias” sobre sus salarios; mientras que aproximadamente otro tercio de la población total, viven con distintos niveles de satisfacción, abundancia u obscenidad explícita, transitando su existencia sin sobresaltos; pero como sabemos, “nadie se realiza en una comunidad que no se realiza”.

Las elecciones primarias del pasado 11 de agosto sepultaron fatalmente las pretensiones reeleccionistas del oficialismo. Aún más; las políticas de Estado del gobierno encabezado por la Presidente Fernandez a través de este restringido y condicionado régimen electoral fueron repudiadas por una ostensible mayoría popular. ¿Si ello significó en simultáneo la aprobación de una alternativa superadora? Desde luego que no. En su “medida y armoniosamente” el pueblo argentino nuevamente pone de manifiesto claramente y sin atenuantes lo que no quiere. Que “el pueblo no gobierna ni delibera” no necesariamente implica que no se defienda. Este recurrente escenario político vuelve a poner en el centro de la escena una “acción política vacante” y no un “vació de poder”, ya que el “poder” siempre es ejercido.

Ninguna de las expresiones políticas emergentes en la coyuntura, levantan propuestas viables para la solución de los principales problemas estructurales que enfrenta la Nación y la dignidad de su población. Los paliativos hasta ahora escuchados (modificaciones parciales al impuesto a las ganancias sobre salarios, régimen de asignaciones familiares, escalas del monotributo, etc) no mueven el amperímetro. La crisis es sistémica y terminal.

O inventamos o erramos…

Dar respuestas inmediatas, y en visión de futuro a este estado de cosas implica en principio una paciente urdimbre social para la irrupción de una nueva fuerza política que enarbole decisiones de Estado sustentables de Justicia Social, Independencia económica y Soberanía nacional hacia el largo plazo partiendo del reconocimiento del actual estado de situación de catástrofe, así como del conocimiento suficiente del estado y potencialidad de la constitución originaria de nuestra Nación, agregando a ello también el reconocimiento de la concentración de recursos y riquezas en pocas manos y sus implicancias en el desarrollo social.

Desde las propuestas, reflexiones y críticas puestas de manifiesto desde estas páginas, nos proponemos salir en búsqueda de esos millones de compatriotas que albergan la voluntad de aunar esfuerzos que nos permitan iniciar no sólo la construcción de «algo» superior a lo que venimos cuestionando hace años, sino que deje establecida la premisa de que es necesaria e ineludible la discusión referida a qué Patria es la que estamos en condiciones de construir.

Para hacer tortilla hay que romper los huevos.

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