1 de Mayo – Día del Trabajador y 50 aniversario del Programa de la CGT de los Argentinos

En el Día del Trabajador y ante el 50 aniversario del Programa de la CGT de los Argentinos

A medio siglo de aquel insigne programa de la CGT de los Argentinos del 1 de mayo de 1968, caben algunas reflexiones adecuadas a estos tiempos que nos toca transitar, de forma tal de no sólo rendir un homenaje a través de la mera rememoración, sino por sobre todo para enfatizar en aquellos propósitos sustanciales que hoy permanecen con plena vigencia.

La proclama comenzaba invitando a la reflexión, allí decía:

“Los invitamos a que nos acompañen en un examen de conciencia…Durante años solamente nos han exigido sacrificios. Nos aconsejaron que fuésemos austeros: lo hemos sido hasta el hambre…Nos pidieron que aguantáramos un invierno: hemos aguantado diez. Nos exigen que racionalicemos: así vamos perdiendo conquistas que obtuvieron nuestros abuelos. Y cuando no hay humillación que nos falte padecer ni injusticia que reste cometerse con nosotros, se nos pide irónicamente que “participemos”…Grandes países que salieron devastados de la guerra, pequeños países que aún hoy soportan invasiones e implacables bombardeos, han reclamado de sus hijos penurias mayores que las nuestras. Si un destino de grandeza nacional, si la defensa de la patria, si la definitiva liquidación de las estructuras explotadoras fuesen la recompensa inmediata o lejana de nuestros males, ¿qué duda cabe de que los aceptaríamos en silencio?”

Luego de detallar un diagnóstico de las políticas económicas aplicadas por el Ministro Krieger Vasena durante la dictadura de Onganía, el texto avanza en definiciones de fuerte sesgo ideológico:

“Este es el verdadero rostro de la libre empresa, de la libre entrega, filosofía oficial del régimen por encima de ilusorias divisiones entre “nacionalistas” y “liberales”, incapaces de ocultar la realidad de fondo que son los monopolios en el poder…La participación que se nos pide es, además de la ruina de la clase obrera, el consentimiento de la entrega. Y eso no estamos dispuestos a darlo los trabajadores argentinos…La estructura capitalista del país, no satisface sino que frustra las necesidades colectivas, no promueve sino que traba el desarrollo individual. De ella no puede nacer una sociedad justa ni cristiana…El destino de los bienes es servir a la satisfacción de las necesidades de todos los hombres. En la actualidad, prácticamente todos los bienes se hallan apropiados, pero no todos los hombres pueden satisfacer sus necesidades: el pan tiene dueño pero un dueño sin hambre.”

No estuvo ausente de la proclama fuertes definiciones de cara a la interna sindical. Si bien no existía por aquellos tiempos la categoría de “los gordos”, la identidad de prácticas con estos tiempos se manifiesta de forma elocuente:

“Durante más de un lustro cada enemigo de la clase trabajadora, cada argumento de sanciones, cada editorial adverso, ha sostenido que no existía en el país gente tan corrompida como algunos dirigentes sindicales. Costaba creerlo, pero era cierto. Era cierto que rivalizaban en el lujo insolente de sus automóviles y el tamaño de sus quintas de fin de semana, que apilaban fichas en los paños de los casinos y hacían cola en las ventanillas de los hipódromos, que paseaban perros de raza en las exposiciones internacionales…Pero es una suerte encontrarlos al fin todos juntos -dirigentes ricos que nunca pudieron unirse para defender trabajadores pobres-, funcionarios y cómplices de un gobierno que se dice llamado a moralizar y separados para siempre de la clase obrera…Con ellos, que voluntariamente han asumido ese nombre de colaboracionistas, que significa entregadores en el lenguaje internacional de la deslealtad, no hay advenimiento posible. Que se queden con sus animales, sus cuadros, sus automóviles, sus viejos juramentos falsificados, hasta el día inminente en que una ráfaga de decencia los arranque del último sillón y de las últimas representaciones traicionadas…El movimiento obrero no es un edificio ni cien edificios; no es una personería ni cien personerías; no es un sello de goma ni es un comité; no es una comisión delegada ni es un secretariado. El movimiento obrero es la voluntad organizada del pueblo y como tal no se puede clausurar ni intervenir.”

En una demostración cabal de pensamiento estratégico y de vanguardia, la proclama avanza sobre el espinoso terreno que plantea el entrecruzamiento de las nuevas tecnologías con el trabajo. Al respecto apuntaba:

“Porque la Argentina y los argentinos queremos junto con la revolución moral y de elevamiento de los valores humanos ser activos protagonistas y no dependientes en la nueva era tecnológica que transforma al mundo y conmociona a la humanidad…el campo del intelectual es por definición la conciencia. Un intelectual que no comprende lo que pasa en su tiempo y en su país es una contradicción andante, y el que comprendiendo no actúa, tendrá un lugar en la antología del llanto, no en la historia viva de su tierra.”

Concluía, fijando un rumbo y con advertencias:

“Sabemos que por defender la decencia todos los inmorales pagarán campañas para destruirnos. Comprendemos que por reclamar libertad, justicia y cumplimiento de la voluntad soberana de los argentinos, nos inventarán todos los rótulos, incluso el de subversivos, y pretenderán asociarnos a secretas conspiraciones que desde ya rechazamos…Pero nada nos habrá de detener, ni la cárcel ni la muerte. Porque no se puede encarcelar y matar a todo el pueblo y porque la inmensa mayoría de los argentinos, sin pactos electorales, sin aventuras colaboracionistas ni golpistas, sabe que solo el pueblo salvará al pueblo.”

Apelamos a la riqueza de estas definiciones para recapitular en los intersticios de un relato histórico todavía distorsionado, de forma tal de reflexionar en las transformaciones acontecidas en las últimas cinco décadas a fin de detectar aquellas coordenadas que nos permita construir una visión y un modelo explicativo de nuestras contemporáneas realidades para rehacernos en una práctica transformadora.

La realidad del proceso que transitamos nos lleva a advertir la imposibilidad de enfrentar la crisis de esta sociedad dual como un fenómeno más o menos pasajero, que puede resolverse mediante paliativos a la espera del “derrame”.

Es necesario comprender que estamos en una sociedad distinta a la de aquel 1 de Mayo de 1968, una sociedad emergente que aún no puede reconocerse así misma como tal, sus reivindicaciones y discursos siguen basados en las demandas de la “otra” sociedad, la formal. Esta a su vez, lejos de comprender la magnitud de la nueva realidad se atiene a sus propios códigos de explicación y apenas alcanza a proponer soluciones tibias y asistencialistas, en la espera de que la contención mediante dosis homeopáticas de ayuda social confine a los indeseables lejos de los reductos de tranquilidad.

Ha demostrado la historia que las “construcciones mentales” que el ser humano se forja, por más erróneas que se prueben, subsisten cerrándose sobre sí mismas y alimentándose de sus mismos productos aunque se alejan cada vez más de la realidad.

Son precisamente aquellas “construcciones mentales” forjadas luego del desenlace catastrófico de la masacre desatada en 1976 las que hay que revisar, para volver a asumir vectores sustanciales de aquella voluntad política emancipatoria que hoy aquí recordamos.

En esta perspectiva, en primer lugar cabe poner de relieve la insondable crisis ideológica por la que atraviesa la totalidad de las estructuras políticas autotituladas “peronistas”. En todas sus facciones, desde la liderada por Cristina Fernández, pasando por los liderazgos provinciales y/o municipales, es notorio la ausencia absoluta de iniciativas políticas basadas en ideas y propuestas programáticas para el impulso de un plan de desarrollo sustentable de justicia social y soberanía plena, desfomentando a su vez la organización de la militancia. Hace rato que está más o menos claro quién es, qué quiere y qué hace Macri y su gobierno, el tema es qué se le opone como alternativa, y en ese plano la crítica enmudece o lo que es peor acompaña.

Es en el movimiento sindical donde comienzan a manifestarse paulatinamente los primeros síntomas de inquietud frente a esta orfandad ideológica y programática, pero frente al abismo de la ausencia de un continente político vasto que canalice sus eventuales iniciativas. Es decir; no existe hoy anatomía política alguna con estrategia y vocación de poder que en sus propósitos políticos inmediatos conciba el protagonismo de los trabajadores como “columna vertebral”, y los intentos hasta ahora realizados desde el “aparato” para intervenir en la arena política han resultado estériles. Es que el PJ no es la única “cáscara vacía”. Asumir el compromiso de la construcción de una fuerza política en estos tiempos para la reversión de este estado de cosas implica desbordar con un claro rumbo político y estrategia de poder el propio continente, no esperar que el resto se sume a él.

En todo plano de actividad, y más aún en el político, no podemos partir sino de lo óptimo. Una vez identificado lo óptimo, habida cuenta de las exigencias de justicia social y soberanía que el asunto comprometa o de los propósitos que se tengan, lo demás es asunto de ejecución, de implementación, de oportunidad, de beneficios y costos. El compromiso ha de ser con la solución óptima. Ahora bien; si ello no se puede aplicar por buenas razones en ese momento, y sólo entonces, puede comenzarse a rebajar la puntería. Algunos creen que la aproximación correcta a los problemas es vía los parches y las soluciones a medias, es transando con el mal menor todo envuelto en pirotécnicos discursos. Por esta vía se invierte algún ingenio por las partes pero no se piensa en la totalidad, y está demostrado que esta opción no sólo que conduce a un fracaso inevitable, sino que prepara el terreno para el mal mayor.

El actual escenario político indica el accionar de un gobierno nacional empecinado en reformas puntuales y pensadas desde la óptica de atractivos negocios financieros para la elite dominante con sus implicancias de desorden y malestar social; poniendo en evidencia más allá de discursos triunfalistas sus limitaciones para imponer su agenda de deseos. Pero también, como ya dijimos el escenario político está signado por la ausencia de un polo de confrontación ideológica de amplia base social no sólo contestatario sino de poder. Y ahí creemos está la endija en que debemos sondear una nueva propuesta de organización política y discusión programática, reasumiendo ese capital simbólico “peronista” que a pesar de todo aún perdura, pero a partir de concretas y precisas ideas de políticas de Estado, como genuina adaptación al actual contexto histórico de sus insignes realizaciones de soberanía y justicia social.

Somos un país con baja densidad media de población por kilómetro cuadrado, altamente concentrada en aglomerados y el 90 % ubicada en centros urbanos. Estimamos que la población en condiciones de integrarse a la producción e intercambio de bienes y servicios asciende a 24 millones de habitantes sobre un total de aproximadamente 45 millones, y que sólo 13 millones se encuentran ocupados, sin olvidar que la población activa se incrementa por año en 300 mil nuevos demandantes de ocupación, y desde ya, sin perjuicio de los altísimos índices de precariedad contractual hoy habituales en las relaciones laborales.

En ocho aglomeraciones urbanas se concentra casi el 50 % de la población argentina, mientras miles de pueblos pequeños comienzan a desintegrarse devorados por una nueva geografía económica, en el marco de un acentuado despoblamiento en el área rural. En 1991 4 millones de habitantes poblaban las zonas rurales, en 2010 3,5 millones, fenómeno que acompasa una irritante concentración de la tierra en un puñados de propietarios. En el año 2002 el 10% de las explotaciones agropecuarias concentraron casi el 80 % de la superficie total censada, es decir sobre 175 millones de hectáreas, 137 millones en manos de 30.000 personas y/o sociedades, frente a un total de 300 mil productores en el sector. Esta tendencia continúa acentuándose hasta nuestros días.

Asumimos que este escenario exige por un lado, una genuina representación de amplios sectores de la población, organizada entorno a una participación protagónica; y por otro, una nueva institucionalización de las cuestiones de trabajo y de la producción, basadas en las reales potencialidades de nuestra dotación natural, ventajas comparativas de nuestros territorios; y en la calidad de recursos humanos que perduran en millones de compatriotas ansiosos por integrarse a un nuevo ciclo de expansión de nuestras fuerzas productivas en el marco conceptual de la justicia social.

De este modo y como aporte para la elaboración de una alternativa política y programática de poder, enfatizamos en algunos de los lineamientos generales que entendemos deben ser asumidos para la discusión de una agenda de políticas de Estado:

En principio se impone volver a discutir el “contrato social” de los argentinos en la perspectiva de un nuevo proyecto nacional que provea la normalización constituyente de la Nación bajo el imperio irrestricto de la soberanía popular a través de la institucionalización de mecanismos de deliberación y participación popular protagónica y efectiva. Es decir, una interpelación de raíz, que rompa el dique del actual mandato constitucional (Art. 22 C.N) que impone que “El pueblo no gobierna ni delibera”, promoviendo ideas y proyectos para institucionalizar la deliberación, participación y decisión popular en la toma de decisiones de políticas de Estado, en reemplazo del actual mecanismo de organización representativa de gobierno. En definitiva, fomentar el rompimiento de las compuertas que obstruyen la genuina participación y deliberación popular, para avanzar no sólo en la proclamación de derechos y garantías, sino a su vez en la transformación de las instituciones que regulan el poder orgánico del Estado, es decir “la sala de máquinas” del poder constituyente.
Asumiendo la urgencia de poner en funcionamiento políticas de Estado tendientes a solucionar en el menor tiempo posible el drama de la desocupación, pobreza e indigencia, y si solo se fijara en las posibilidades ocupacionales de la construcción, la respuesta desde el punto de vista sistémico no sería la correcta. Si a ello agregara la implementación de políticas tendientes al crecimiento de la producción industrial con destino principal al mercado externo, la escala y tecnología requeridas para ello implicaría una demanda mínima de fuerza de trabajo, y también en este caso la respuesta desde el punto de vista sistémico no sería la correcta. Y si a ello se sumara la generación de empleo por la venta de servicios especiales y la intensificación de la extracción y venta de recursos naturales, la demanda ocupacional continuaría siendo mínima, aun agregando a todo ello las demandas indirectas generadas por cada una de las mencionadas actividades, por lo tanto, la respuesta seguiría siendo incorrecta. En esta perspectiva de lectura y análisis aparece un sector abarcativo de una inmensa realidad nacional, extraño o ajeno en las postulaciones políticas y económicas que de una u otra forma se han venido desarrollando en las últimas décadas. Dicho sector, es el que genérica y convencionalmente se denomina “agrícola”, “rural” o sencillamente “campo”, abarcando en él a la tierra junto a todos los recursos naturales vegetales y animales, cultivados o no, criados o no por el hombre, así como a la agroindustria de escala familiar, comunitaria, cooperativa o empresaria, en escala pequeña o mediana en sentido estricto.  Poner en marcha dicho sector, en el marco de un nuevo proyecto nacional que, entre otros objetivos, debe dar una respuesta sistémica a los problemas ya mencionados, implica asumir la decisión política de una transformación del paradigma productivo, basada en el aprovechamiento y uso integral de los recursos naturales renovables y no renovables, en el marco conceptual del desarrollo sustentable. Ello incluye, necesariamente, la introducción de un cambio sustancial en la estructura de tenencia, uso y usufructuo de la tierra, para una nueva ocupación del territorio nacional equilibrada, justa y eficaz, con una masiva y planificada movilización de la población hoy asumida como mano de obra ociosa, subempleada y/o precarizada para incorporarse a las actividades productivas y de servicios en el sector, no como asalariados sino como productores bajo diversas formas asociativas de producción primaria, agroindustria, servicios, comercialización, etc., dinamizando a su vez los sectores de la construcción, servicios públicos, trasnporte, servicio de justicia, servicios financieros, obra pública, comercio, turismo, industrias culturales, etc. La idea-fuerza del eje programático propuesto parte de la premisa básica de que la tenencia y explotación de la tierra, o sea la forma como se vincula en todas sus formas el pueblo trabajador con ella, tiene una importancia fundamental en la estructura económica del país, ya que la ocupación eficaz del territorio y las posibilidades de su desarrollo inciden directamente en la prosperidad económica y en el bienestar social de una zona, región o país.
El Estado debe volver a asumir su verdadero papel de conductor de la economía nacional promoviendo la participación protagónica de la población en la toma de decisiones relevantes, asegurando que los beneficios del crecimiento económico alcancen a todos los habitantes de la Nación.
Los servicios esenciales, por su carácter social estratégico, deben volver a ser de propiedad y dominio exclusivo del Estado, pautados por un estricto control y auditoría popular y con la participación efectiva y conducente de asociaciones de usuarios y consumidores, proveedores, organizaciones sindicales, agrupamientos empresariales, universidades públicas, entre otros estamentos, pudiéndose establecer un régimen mixto de gestión nacional y/o regional de los mismos. Estos comprenden la generación, transporte y abastecimientos de agua potable y riego, fuentes de energía, transportes de cargas y pasajeros, comunicaciones en general, servicios financieros, seguridad ciudadana, seguridad social, seguridad del trabajo, entre otros.
Frente al descontrol del incremento de precios de los bienes y servicios, deberá diseñarse una política de enérgica intervención estatal en los mercados, mediante la sanción de una saga de Decretos de Necesidad y Urgencia, creando nuevas instancias jurisdiccionales administrativas, con el fin de establecer un ordenamiento razonable de precios, promoviendo a la par la participación popular en los mecanismos de control. Para ello se promoverá en especial la participación de las organizaciones sindicales de trabajadores a través de sus comisiones gremiales internas, mediante la sanción de una ley que regule el derecho de los trabajadores a la participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección, según lo dispone el actual texto del artículo 14 bis de nuestra Carta Magna.
Revisión de todas las privatizaciones y concesiones efectuadas, como mínimo, desde el año 1990, incluyendo las posteriores transferencias de las mismas entre actores económicos, para determinar la existencia o no de adjudicaciones que impliquen sospechas de delitos contra el Estado en particular y la sociedad en su conjunto. En especial será necesario elaborar un proyecto de ley, y que entre sus considerandos se describa el ciclo catastrófico iniciado a partir de la sanción de la Ley Nº 23.696 de reforma del Estado y el Decreto 2284/91 de desregulación económica, detallando meticulosamente sus nefastas consecuencias en lo social, político, económico y cultural.
La propiedad privada será objeto de una enfática modernización en su reglamentación, sin que ello implique tender a la atomización y sí, en cambio, maximizando el número de beneficiarios en la distribución de los excedentes y estableciendo garantías para una efectiva contribución de la propiedad privada al fortalecimiento de los Estados Nacional y Provinciales. En síntesis, implica poner a la propiedad privada en función social, tal como lo preveía la Constitución Nacional de 1949.
Estimamos imprescindible para saldar definitivamente la discusión, la convocatoria a una consulta popular vinculante en los marcos normativos dispuestos por el artículo 40 de la C.N a efectos de poner en consideración la propuesta de auditar la deuda externa argentina generada desde el 24 de marzo de 1976 en adelante, a efectos de deslindar del actual total existente, la deuda externa ilegal, inmoral, ilegítima y fraudulenta para su repudio ante quienes corresponda y a todo evento el inicio de las acciones que fuere menester tendientes al resarcimiento indemnizatorio, tanto en el plano interno como en el externo.
A modo de conclusión; aquellos fueros de justicia social y soberanía que supimos conseguir han sido derogados a punta de fusil y ardides planificados. El desarrollo primario capitalista en que ha quedada integrada la Nación en un modelo al servicio de los monopolios ya ha agotado sus capacidades expansivas. Se acabaron “las sintonías finas” o “las inversiones del exterior”. Este colapso a la vista de todos sólo puede generar más deterioro aunque las “camisetas” y los discursos cambien.

Hay que alterar el rumbo y las finalidades, lo que requiere esfuerzo y compromiso, y sobre todo una forma de organización política que proclame y sostenga un nuevo programa de acción de gobierno con criterio amplio y receptivo de una realidad social y política por demás compleja frente a la cual no caben sectarismos inconducentes; porque como se proclamara hace medio siglo SOLO EL PUEBLO SALVARA AL PUEBLO.

MPA – Movimiento Peronista Auténtico

www.movimientoperonistaautentico.com.ar

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