Territorio y política

 

por Justo Javier Correa

En la madrugada del 4 de julio del corriente año (2018) la Cámara de Diputados de la Nación aprobó un proyecto de ley creando así el “Régimen de Integración Socio Urbana y de Regularización Dominial”. La media sanción se produjo a las 2.00 AM de la madrugada tras sesionar unas 14 horas. Según el “Registro Nacional de Barrios Populares” tenido en cuenta por los legisladores, hay 4.228 villas en todo el país, con 3.5 millones de habitantes allí asentados en una superficie de 415,5 km2.

En 2015, cuando se inicia la gestión del actual gobierno nacional, las organizaciones sociales y no gubernamentales CTEP, CCC, Barrios de Pie, TECHO y CARITAS plantearon la posibilidad de implementar una política que se dio en llamar de “integración urbana” para los denominados barrios populares informales.

Durante 2016, se avanzó en la realización del primer relevamiento nacional de barrios populares, bajo la órbita de la Coordinación de Proyectos Socio Comunitarios dependiente de la Secretaría de Coordinación Interministerial de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación a cargo de Marcos Peña. Las organizaciones sociales y no gubernamentales aportaron 7000 “relevadores” contratados por el Estado nacional para la concreción de las tareas implicadas.

En consecuencia, en mayo de 2017 el PEN emitió el ​Decreto 358/17, por el cual según los agentes del gobierno nacional se persigue el objetivo principal de avanzar hacia lo que denomina la “​integración urbana de los barrios populares​, entendiéndola como la condición necesaria para ​superar la segregación e inclusión de las personas, garantizando sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales​ consagrados en la Constitución Nacional”.

https://www.argentina.gob.ar/barriospopulares

El Decreto creó el ​“Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana” (RENABAP) existentes al 31/12/2016, incorporándolo dentro de la “Agencia de Administración de Bienes del Estado” (AABE), y cuya finalidad principal es la de registrar los bienes inmuebles donde se asientan los barrios populares, las construcciones existentes en dichos barrios y los datos de las personas que las habitan, a efectos de desarrollar según se explicita “políticas públicas habitacionales inclusivas”.

Asimismo, a través del Decreto, la AABE -por intermedio de la ANSES- quedó facultada para entregar ​Certificados de Vivienda Familiar​, que permite ​acreditar la existencia y veracidad del domicilio​, ​solicitar la conexión de servicios tales como agua corriente, energía eléctrica, gas y cloacas; solicitar la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) y/o Laboral (CUIL); realizar peticiones ante los organismos públicos; solicitar prestaciones de salud, previsionales y educativas.

El proyecto de ley objeto de media sanción prevé en su artículo 1° la declaración de “interés público del régimen de integración socio urbana de los Barrios Populares” identificados en el RENABAP, con el objeto según el artículo 2° de proceder a la denominada “integración urbana” declarándose “de utilidad pública y sujeto de expropiación, la totalidad de los bienes inmuebles en los que se asientan los Barrios Populares relevados”. El artículo 3° define como sujeto expropiante a la AABE bajo sujeción a las prescripciones de la denominada “ley” de expropiación (en rigor regla estatal de facto) 21.499 de 1977.

¿Qué grado de eficacia tiene este proyecto para garantizar derechos económicos, sociales, culturales y ambientales​ consagrados en la Constitución Nacional? Categóricamente ninguno. Ello sin perjuicio de los remedios paliativos que contempla, los que desde ya deben proveerse, pero no como un fin en sí mismo. Sin embargo el proyecto aprobado unánimemente por 194 diputados nacionales no es del todo inútil, pues es una acabada prueba de cierto descentramiento y falta de quicio de nuestra clase política sobre las causas del problema que dice pretender remediar y -a la vez- la prueba de la existencia de ciertas ignorancias adquiridas y divulgadas en las últimas décadas, sin distinción en clases sociales ni por la formación educativa, sobre las causas de esta catástrofe provocada y miseria planificada que agudamente  padece la  Argentina desde hace muchas décadas.

Curiosamente el proyecto de ley impulsado por el PEN y propiciado con las firmas de los diputados nacionales del oficialismo Elisa Carrió, Mario Negri y Nicolás Massot fue aprobado por unanimidad, con 194 votos por la positiva, sin ningún voto en contra ni abstención.

Como se señalara más arriba, el proyecto se basa en registros que indican la existencia de más de 4000 “barrios populares” donde residen aproximadamente 3,5 millones de personas asentadas en algo más de 40 mil hectáreas. Sin embargo, la pésima condición de este segmento poblacional relevado es apenas la punta de iceberg de un estado de cosas mucho peor. Encuestas e investigaciones practicadas por distintos organismos, entre las que se destaca la Universidad Católica, estiman que aparte de quienes viven en “villas miseria” y asentamientos peores, hay mas de 12 millones de ciudadanos cuyo hogar está por debajo de las condiciones mínimas adecuadas, en el marco de un estado de pobreza estimado en más de un 30 % del total poblacional, es decir casi 14 millones de habitantes.

En el marco de este contexto social la casi totalidad de la población reside aglomerada en una ínfima parte de la superficie territorial. Dominan en nuestro país, al mismo tiempo, el hacinamiento urbano y el desierto territorial.

De acuerdo a los últimos censos el 90% de la población argentina es calificada como “urbana”. Esto significa que sobre 45 millones de habitantes, más de 40 millones viven en distintas “urbes”. Una suma hecha a vuelapluma de las superficies que ocupan la CABA, los Partidos de la Provincia de Buenos Aires que rodean a la CABA, denominado el Gran Buenos Aires, las de la ciudades como La Plata, Rosario y Córdoba, con mas las de la sendas capitales de todas las demás Provincias, arroja una cantidad inferior a los 10.000 km2, es decir un millón de hectáreas.

En este reducido espacio reside el 90% de la población. ¿Cuál sería la densidad media poblacional en ese pequeño espacio de 10.000 km2?  ¿Cuál la media en el resto del vasto territorio argentino? Las cifras resultantes muestran a simple vista un gravísimo desequilibrio. La densidad media urbana resultante de dividir 40 millones de habitantes por los supuestos 10.000 km2 que ocuparía ese 90% de la población, da una media urbana de 4000 h/km2. ¿Y en el resto del territorio? Es la que resultaría de dividir 5 millones de habitantes esparcidos en 2.690.000 km2 aptos para el desarrollo antrópico; o sea una densidad de 1,8 h/km2. El desierto.

De todos modos el “desequilibrio” es muchísimo más grave que lo que sugieren los indicadores generales, analizando las superficies y la población efectivamente asentada sobre ellas. Hay grotescos desequilibrios demográficos. Así y solo a modo de ejemplo, aparecen en la CABA, cuando observamos la densidad que se da en las llamadas “villas miserias” y aglomeraciones semejantes. En la denominada 11/14 la densidad sobrepasa los 45.000 h/km2. El triple de la media de toda la ciudad. O bien en un extremo opuesto la densidad en la región patagónica apenas alcanza los 2,2 h/Km2, con la Provincia de Neuquén en el tope de 5 h/Km2 y la de Santa Cruz en lo más bajo con 1,1 h/km2. Es decir, casi 80 millones de hectáreas pobladas a razón de 0,022 h/hectáreas.

En síntesis, la crisis política, económica y social Argentina hoy transcurre en un escenario signado por una realidad territorial característica de: a) hacinamiento de su población en pequeñas parcelas urbanas, por un lado, y por el otro b) un vasto desierto sin población bastante.

La casi totalidad de las propuestas publicitadas y aplicadas para salir de la “crisis”, o en realidad de la catástrofe integral que implicó la destrucción del Estado durante las últimas –por lo menos- cuatro décadas, perpetrada en rigor para aumentar aun más el nivel de ganancias de una minoría asociada o involucrada con capitales transnacionales, o las acumulaciones de los tradicionales “capitales nacionales”, eufemísticamente considerados “burguesía nacional”, tienen como destino principal el mercado externo y NO el desarrollo interno justo y sustentable.

Para ello se insiste hasta el hartazgo como fórmula excluyente en la necesidad de “inversiones del exterior” para lo cual se argumenta hay que generar “confianza” (traducida por lo general en todo tipo de alocadas aperturas comerciales propiciatorias de saqueos varios), puesto que según dicen sólo la “inversión en moneda fuerte” podrá generar ocupación laboral óptima, y todo ello con el supuesto fin de producir “competitivamente”, lo que en este caso significa producir bienes y extraer riqueza por explotación de recursos naturales bajo criterios de uso de capital intensivo, lo que implica minimizar la ocupación de la mano de obra, amén del inaceptable menoscabo de soberanía nacional, fórmula ésta que, por lo conocido hasta hoy, no ha propiciado otra cosa que un escuálido desarrollo interno, concentrado, injusto y dependiente.

Si hoy este u otro Gobierno Nacional se dispusiera a poner en funcionamiento políticas de Estado tendientes a solucionar en el menor tiempo posible el drama de la desocupación, pobreza e indigencia, y si solo se fijara en las posibilidades ocupacionales de la construcción, la respuesta desde el punto de vista sistémico no sería la correcta. Si a ello agregara la implementación de políticas tendientes al crecimiento de la producción industrial con destino principal al mercado externo, la escala y tecnología requeridas para ello implicaría una demanda mínima de fuerza de trabajo, y también en este caso la respuesta desde el punto de vista sistémico no sería la correcta. Y si a ello se sumara la generación de empleo por la venta de servicios especiales y la intensificación de la extracción y venta de recursos naturales, la demanda ocupacional continuaría siendo mínima, aun agregando a todo ello las demandas indirectas generadas por cada una de las mencionadas actividades, por lo tanto, la respuesta del Gobierno Nacional seguiría siendo incorrecta.

De este modo las propuestas más divulgadas respecto a políticas tendientes a la atenuación del hacinamiento urbano y la problemática laboral parten del supuesto de que la actual estructura económica se encuentra prácticamente consolidada y es irreversible. Por consiguiente, predomina la exhortación a la buena voluntad de los efectivamente beneficiarios de los cambios introducidos en el país desde el año 1975 a la fecha, para que contribuyan a disminuir los efectos negativos de los cambios. Pero en el transcurso de los últimos noventa (90) años, como mínimo, salvo breves lapsos excepcionales, dichos beneficiarios demostraron, en general, no estar interesados en el desarrollo nacional sustentable ni mucho menos en la justicia social.

Parecería que las propuestas para superar el hacinamiento, la inseguridad, la desocupación, subocupación, pobreza e indigencia estuvieran dadas en un marco en el que la contribución previsible de los diversos actores sociales que participan en la actividad económica no admitiera discusión. Este rígido marco aparece como asumido por una importante porción tanto de dirigencia de partidos políticos como de miembros de círculos académicos, científicos y tecnológicos. Sólo así se explicaría la repetición de propuestas de escasa o nula eficiencia.

Y en esa lectura y análisis aparece un sector abarcativo de una inmensa realidad nacional, extraño o ajeno en las postulaciones políticas y económicas que de una u otra forma se han venido desarrollando en las últimas décadas. Dicho sector, es el que genérica y convencionalmente se denomina “agrícola”, “agropecuario”, “rural” o sencillamente “campo”, abarcando en él a la tierra junto a todos los recursos naturales vegetales y animales, cultivados o no, criados o no por el hombre, así como a la agroindustria de escala familiar, comunitaria, cooperativa o empresaria, en escala pequeña o mediana en sentido estricto.

Poner en marcha dicho sector, en el marco de un nuevo proyecto nacional que, entre otros objetivos, debe dar una respuesta sistémica a los problemas ya mencionados, implica asumir la decisión política de una transformación del paradigma productivo, basada en el aprovechamiento y uso integral de los recursos naturales renovables y no renovables, en el marco conceptual del desarrollo sustentable. Ello incluye, necesariamente, la introducción de un cambio sustancial en la estructura de tenencia, uso y usufructuo de la tierra, para una nueva ocupación del territorio nacional equilibrada, justa y eficaz, con una masiva y planificada movilización de la población hoy asumida como mano de obra ociosa, subempleada y/o precarizada para incorporarse a las actividades productivas y de servicios en el sector, no como asalariados sino como productores bajo diversas formas asociativas de producción primaria, agroindustria, servicios, comercialización, etc., dinamizando a su vez los sectores de la construcción, servicios públicos, transporte, comunicaciones, servicio de justicia, servicios financieros, obra pública, comercio, turismo, industrias culturales, etc.

Una propuesta adecuada en este sentido implica una modificación sustancial en el SECTOR AGROPECUARIO, con el énfasis puesto en la creación genuina de puestos de trabajo, así como en la democratización de la economía, condición necesaria para la transformación a través del desarrollo expansivo de las fuerzas productivas para una efectiva Justicia Social. Desde esta perspectiva fue concebido el “PROGRAMA NACIONAL LA MARCHA AL CAMPO”, el que implica cambios sustantivos y necesarios, que como mínimo y en principio son los siguientes:

  1. a) Fundamentalmente, cambios en la disponibilidad y uso de la tierra a partir de:
  • superficies ociosas, con aptitud para uso agrícola;
  • obras para riego, deficientemente manejadas e insuficientemente aprove-chadas;
  • tierras fiscales susceptibles de ser regadas;
  • tierras fiscales con bosques nativos, cuyo manejo posibilitaría maximizar el aprovechamiento de su oferta integral (bienes y servicios).
  1. b) Cambios en los Métodos de Producción, principalmente en lo concerniente a:
  • biodiversidad, tanto en cultivos como en los ecosistemas forestales y en otros;
  • mecanización, determinada por las características de los suelos, la magnitud de la superficie cultivada, la fuerza de trabajo disponible en los predios, entre otros aspectos determinantes de dicho nivel.
  1. c) Simplificaciones en los circuitos de los productos, eliminando eslabones innecesarios e incorporando otros, tales como la industrialización de materia prima y de residuos.
  2. d) Creación de Instituciones para la comercialización de productos no tipificados (mercados con consumidores “cautivos”), pero con certificación de origen.
  3. e) Sustantivo mejoramiento de los Servicios Públicos Agropecuarios, lo que entre otras cuestiones implica:
  • la creación de Centros de Investigación y/o de Experimentación (Centros I/E) y Capacitación funcionales al programa;
  • investigación, compatible con los requerimientos del Programa de Producción;
  • adecuada dotación de Profesionales para los nuevos Centros de I/E;
  • designación de una adecuada cantidad de Profesionales para el Servicio de Comunicación Agropecuario.

 

La ejecución del Programa “La Marcha al Campo”, como un instrumento de alta significación en la superación de la pobreza estructural, presenta como ventaja, respecto a los programas hasta hoy anunciados y/o implementados oficialmente, la generación directa de no menos de un (1) millón de puestos de trabajo permanentes en el Sector, y la generación indirecta de puestos de trabajo en servicios, agroindustrias y en las ramas industriales productoras de maquinarias y equipos e insumos en general, en magnitud superior a la de los beneficiarios directos.

Además, aumentaría la demanda de diversas profesiones posibilitando la capitalización de la inversión que la sociedad viene realizando en educación, ciencia y tecnología.

Por otra parte, el flujo migratorio interno urbano-rural persistente a largo plazo de una porción importante de población disminuiría significativamente la cantidad y calidad de los efectos e impactos negativos generados por el modelo socioeconómico, y sus variaciones, aplicado en las últimas décadas, que se manifiestan en los centros urbanos.

En la primera etapa a nivel de lo aquí propuesto, los requerimientos del Programa “La Marcha al Campo”, respecto a superficie agrícola, se sitúan entre doce y veinte millones (12.000.000 y 20.000.000) de hectáreas, según la composición de regiones, ecosistemas, ecozonas, programas de producción, etc., que integren el Programa.

Una parte sustantiva está integrada, en parte, por superficies actualmente ocupadas por bosques nativos de propiedad fiscal; superficies aptas para la producción agropecuaria, actualmente de origen fiscal; superficies actualmente arrendadas por el Estado a grandes propietarios que operan en el sector; recuperación de tierras ilegalmente apropiadas por empresas privadas, entre otras superficies disponibles que pudieran incorporarse a través del mecanismo de la expropiación pública.

En esta primera etapa, el manejo integral de una importante porción del total de la superficie de los ecosistemas forestales nativos constituye una parte altamente significativa del Programa. A la mencionada composición de superficies disponibles podrían agregarse las superficies beneficiadas por la construcción de obras hidráulicas de aprovechamiento múltiple, que incluye la posibilidad de realización de cultivos intensivos bajo riego.

Como puede inferirse de lo hasta aquí expuesto, la magnitud de la superficie máxima estimada necesaria para la implementación del Programa es aproximadamente igual al 56,3% de la actualmente concentrada en alrededor de novecientas treinta y seis (936) EAP (explotación agropecuaria), cada una de las cuales posee más de veinte mil (20.000) hectáreas. Es decir, el 20.3 % de la superficie total censada, concentrada en el 0.31 % de las EAP con límites definidos.

Cabe recordar que el CNA 2002 informó de la existencia de Tres millones ochocientos catorce mil quinientas diez hectáreas (3.814.510) de tierras fiscales cedidas bajo diversas formas de tenencia “no propietario”, predominantemente a EAP de más de 2.500 hectáreas. También cabe recordar que no toda la tierra fiscal fue censada, ya que ello no era el objetivo del CNA, desconociéndose la superficie de tierra fiscal que se encuentra en EAP sin límites definidos. Si a ello agregamos la tierra fiscal ocupada por bosques nativos, podría inferirse que una significativa porción de la superficie estimada necesaria para las metas del Programa es aún de propiedad fiscal.

Por otra parte, corresponde destacar que numerosos profesionales, tanto del sector público como del privado, incluyendo investigadores de Universidades y de Centros especializados, sostienen que la actual superficie cultivada, entre veintiocho y treinta y siete (28 y 37) millones de hectáreas podría ser significativamente ampliada, al igual que la superficie bajo riego.

Si se tiene en cuenta la subutilización de la superficie apta contenida en las EAP para el desarrollo de actividades agropecuarias, se infiere que el aumento de la superficie cultivada debería ser pensado, también, como una expansión “hacia adentro” de las EAP y no “hacia afuera” de la actual frontera agropecuaria, ya que esto último implica prácticamente seguir avanzando sobre ecosistemas forestales, aumentando la vulnerabilidad ambiental del país.

En cambio, la superficie bajo riego puede ser expandida, por ejemplo, incorporando tecnologías de uso racional del agua (por ejemplo, riego por goteo, riego presurizado gravitacional, entre otros, en numerosos casos), lo que también contribuiría a minimizar la degradación de los suelos usados para cultivos bajo riego.

Además, las mismas fuentes sostienen que los bosques y montes con especies nativas -alrededor de treinta y cuatro (34) millones de hectáreas- podrían, bajo manejo, mejorar sustantivamente la productividad total de los ecosistemas forestales, es decir, la de la flora maderable y no maderable, así como la de las faunas, incrementando también la capacidad de absorción de los gases de efecto invernadero (principalmente CO2) y mejorando significativamente la eficiencia del conjunto de las funciones de dichos ecosistemas, que implican asimismo prestaciones de servicios ambientales a otros ecosistemas y al mejoramiento cuali-cuantitativo de otros recursos escasos, tales como el agua.

La idea-fuerza del eje programático propuesto parte de la premisa básica de que la tenencia y explotación de la tierra, o sea la forma como se vincula en todas sus formas el pueblo trabajador con ella, tiene una importancia fundamental en la estructura económica del país, ya que la ocupación eficaz del territorio y las posibilidades de su desarrollo inciden directamente en la prosperidad económica y en el bienestar social de una zona, región o país.

En todo plano de actividad, y más aún en el político, no podemos partir sino de lo óptimo. Una vez identificado lo óptimo, habida cuenta de las exigencias de justicia social y soberanía que el asunto comprometa o de los propósitos que se tengan, lo demás es asunto de ejecución, de implementación, de oportunidad, de beneficios y costos. El compromiso ha de ser con la solución óptima. Ahora bien; si ello no se puede aplicar por buenas razones en ese momento, y sólo entonces, puede comenzarse a rebajar la puntería. Algunos creen que la aproximación correcta a los problemas es vía los parches y las soluciones a medias, transando con el mal menor. Por esta vía se invierte algún ingenio por las partes pero no se piensa en la totalidad, y está demostrado que esta opción no sólo que conduce a un fracaso inevitable, sino que prepara el terreno para el mal mayor.

En el vasto territorio argentino, séptimo en la escala global y el más extenso de Hispanoamérica; subsisten muchos y anchos espacios sometidos a prácticas feudales de dominio improductivas inutilizadas o subutilizadas, gigantescos parajes de tierras incultas a la espera del obrar humano; junto a aglomeraciones urbanas desproporcionadas y caóticas, es decir, una enorme debilidad estratégica.

No se trata de hacer funcionar lo que existe, emparchándolo con paliativos, sino de transformarlo, porque esto que existe y así como funciona no sirve. Mientras los viejos países y continentes han agotado ya el proceso de formación interna de su frontera saturando hasta el exceso el territorio propio, subsisten aquí dilatados baldíos expectantes, abiertos y propuestos a la empresa humana solidaria en perspectiva de una justicia social y soberanía nacional irrenunciables.

 

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