La distribución en tiempos de Cristina

Por Marco Antonio

El relato oficial instaló la idea de un proyecto neoliberal que busca por todos los medios volver a hacerse con el control de la economía argentina, y así poder implementar nuevamente las mismas políticas de desguase dictaminadas desde el Consenso de Washington. Al igual que durante el conflicto con el aparato agrario, la cuestión es blanco sobre negro, sin matices, y se crea la fantasía de una antinomia entre estancieros oligarcas golpistas contra socialistas revolucionarios que, a fuerza popular, lleva adelante la redistribución de la riqueza más espectacular de la historia argentina.

El engaño se encuentra en presentar los modelos en estado puro, como si el neoliberalismo no se reacomodara a las circunstancias ni reformulara sus planteos. Si la teoría kirchnerista tuviera al menos un mínimo de coherencia, y bajo el principio de que el menemismo fue el máximo exponente del neoliberalismo vernáculo, entonces el modelo económico de Martínez de Hoz fue comparativamente un festival populista debido a la altísima participación del Estado en la economía. Al menos esto implicaría la premisa del gobierno nacional sobre la inmutabilidad.

Pero la oligofrenia oficial, además, admite que el capítulo del neoliberalismo fue abierto en 1976 con el plan de Martínez de Hoz y reimpulsado en los ’90 con Domingo Felipe Cavallo. ¿Qué hace presuponer que la continuidad duhaldista encarnada por Néstor Kirchner fue la fuerza disruptiva? La invención esquizoide se apoya desde el inmenso aparato mediático adicto que contrapone al tándem Clarín-La Nación el propio gobierno, gastando un millón de pesos diarios en propaganda de gobierno, junto a Página/12, Infobae, los repentinos periódicos Sur y El Argentino (de distribución gratuita), Caras y Caretas, Radio Nacional, y fundamentalmente por Radio 10 y C5N del Grupo Hadad, órgano de prensa del partido bolchevique.

Lo más interesante es que inclusive se le puede conceder toda la razón al matrimonio presidencial, y dar cuenta que todo se trata de un conflicto entre un modelo y otro, y que la situación actual es el resultado de la dialéctica entre el relato y el contrarrelato que este gobierno pretende instalar. Lástima (no para los Kirchner sino para los argentinos) que está la realidad para dar su sentencia.

La puesta en marcha de la capacidad ociosa de las plantas industriales, impulsada por un modelo de dólar alto, es presentada como una profunda reindustrialización del país. De todos modos, la caída del desempleo es acompañada por un consecuente aumento del salario y un fin de la explotación laboral.

Pero la realidad presenta otra versión al relato oficial. El propio Indec relevó junto al Ministerio de Trabajo que el 43% de los trabajadores está en negro y el 95% de los mismos afirmó encontrarse forzados en esa relación laboral, mientras que el 58% de los trabajadores independientes están inscriptos como autónomos por no encontrar empleo formal. El 55% de las mujeres asalariadas están afectadas por la irregularidad laboral, y en los menores de 25 años asciende al 77%. Sumando los 2.3 millones de desocupados, unos 7.8 millones de trabajadores se encuentran fuera de toda cobertura social y previsional, espectro que perjudica a cerca del 56% de la población económicamente activa.

Si se compara este cuadro con la década infame menemista, hasta la debacle provocada por el “efecto tequila”, el trabajo en negro era del 25% antes que la desocupación alcance los dos dígitos, y a partir de la crisis mexicana de 1994 trepó al 38%. Cómo mínimo esto demuestra la incompetencia de Carlos Tomada en el Ministerio de Trabajo ya que en cinco años de gestión, con un crecimiento anual del PBI superior al 8% no logró terminar con el colador del desamparo laboral, junto a la complicidad de la CGT y la facción de Hugo Yasky de la CTA.

Tampoco debería pasarse por alto la denuncia del propio ministro Tomada sobre el empleo en negro del sector agrícola, junto con la explotación de mano de obra infantil, que según el Ministerio de Trabajo alcanza al 70% de los peones rurales, ya que vale la pena volver a mencionar que es el propio Tomada quien estuvo al frente de la cartera encargada de proteger a los trabajadores de este abuso, que además le provoca al Estado, en concepto de previsión social una evasión directa de 2.400 millones de dólares por año, más del doble de los bonos de deuda emitidos este año al 14.5% de tasa anual.

Lo más llamativo fue el “triunfo” del salario mínimo, vital y móvil para una familia tipo de cuatro personas sea fijado en $1250, cuando la canasta básica para la subsistencia de esa misma unidad familiar, según el Indec que “refleja” una inflación del 0.4%, es de $954.73, mientras que los propios sindicatos la ubican por sobre los $1500, sin tomar en cuenta el pago de alquileres ni los recientes aumentos de tarifas públicas autorizados por el gobierno.

La desvergüenza del Gobierno nacional anunció el 11 de agosto que la Canasta Básica cayó el 2.5%, según comunicó el Indec. La misma canasta de alimentos, medida por fuera del Gobierno arrojan un incremento en los primeros seis meses del año del 20.7%, que proyectado arrojaría una inflación en la canasta alimenticia anual de 41.4% sin recibir todavía el impacto del aumento en las tarifas de gas y energía eléctrica.

El argumento oficial sobre la inflación y el accionar sobre el dibujo en los índices dice responder para evitarle al Estado el pago de mayores remesas por bonos de la deuda indexados por la inflación, pero olvida en primera instancia que fue este mismo gobierno el que ató esos bonos a los precios. Lo más grave es que esa diferencia abismal del 39% de inflación entre la versión oficial y la realidad, es que no computa a cientos de miles de pobres e indigentes.

La Canasta Básica Total fija la línea de indigencia: para el gobierno aumentó en el primer semestre del año apenas el 1.3% mientras que la medición de los mismos alimentos de la realidad arrojan una suba del 18.6%. Así, el 30.2% de los argentinos vive por debajo de la línea de pobreza y el 10.1% en la indigencia. Es llamativo como el gobierno de CFK pregona la redistribución de la riqueza, en sus seis meses la indigencia creció 0.8% y 2.1 millones de argentinos se convirtieron en pobres invisibles ya que el Gobierno desconoce su existencia mediante la negación sistemática de la realidad.

Más vergonzoso es el relato del Gobierno cuando se abandonan los números abstractos porcentuales y se observan los concretos: según el Indec, una persona que dejó de ser pobre si tiene más de $147.11 De todos modos Cristina Kirchner puede alegar que esa tendencia es una pesada herencia de la gestión anterior ya que el crecimiento de la pobreza ya se registró en el primer y segundo semestre de 2007. La inflación es el índice de distribución de la riqueza más directo que cualquier anuncio ante una platea de extras contratados que aplauden en el Salón Blanco, con patente de funcionario público.

El relato oficial insiste no obstante con que lleva una lucha sin cuartel contra las corporaciones privadas que explotan y abusan de su posición dominante. Dejando de lado que fue el propio Guillermo Moreno quien firmara, a instancia de Néstor Kirchner horas antes de legarle el bastón presidencial a su esposa, la fusión de Cablevisión-Multicanal dándole al Grupo Clarín un porcentaje del mercado muy superior al permitido por la Ley de Antimonopolios, el conflicto originado por sectores agrícolas ante la Resolución 125, podría empezar a sospecharse de una “crisis inducida”.

El kirchnerismo vociferó que el castigo “al campo” bajando el dólar en más de 25 centavos, hubo un sector que se vio beneficiado y celebró el conflicto: los grupos concentrados del menemismo.

Metrogas perdió en el primer semestre de 2007 unos 14 millones de dólares y con la revaluación salvó en la primera mitad de este año al menos 9 millones de dólares. Central Costanera pasó de perder 7 millones de dólares a ganar 15 millones con un aumento en las ganancias del 322.4%, similar a las de Edenor.

El Grupo Telecom repuntó el 58.4% en el último año. Telefónica de Argentina es la empresa que más presiona por la liberación del servicio de televisión por cable, capturado por el ahora opositor Grupo Clarín. La excusa del castigo “al campo” con la caída del dólar por decisión oficial le reportó un incremento en las ganancias del 91% ante el primer semestre del año pasado. La banca descorchó champagne de la mano del Macro con sus ganancias que crecieron al 31.1%, y el Banco Galicia encabezó la lista de entidades financieras ganando el 48% más entre enero y junio que en el mismo período del año pasado.

En la última década la concentración de la riqueza siguió su espiral ascendente. En los años redistributivos, seis meses después de que Néstor Kirchner asumiera la presidencia en 2003, el 10% de la población más rica se quedaba con el 38.6% ganando 31 veces más que el 10% más pobre de los argentinos, exacto índice que durante la década de los ’90.

Según el Indec el crecimiento de la economía argentina entre 2003-2007 fue del 40%, pero la distribución de esa riqueza sigue igual: el 30% de la población se quedó con el 60% de la riqueza en los cuatro años redistributivos de Néstor Kirchner y la superdistribución de CFK, aunque en el 2007 la mortandad infantil creció debido a la falta de atención hospitalaria y deficiencia en la alimentación.

Desde el gobierno, Graciela Ocaña aclaró que todo dependía de los mil millones de dólares que se perdió de cobrar el Estado tras el voto “no positivo” a la resolución 125 de retenciones a las exportaciones agrícolas, nueva madre de todos los problemas nacionales de los últimos treinta años.

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