por Brunetto Latini
eldescamisado.org, septiembre 2009
El pasado 3 de Septiembre el ex presidente Néstor Kirchner expresó con su clásico tono monocorde: «Como cualquier ciudadano me someto a la investigación de la justicia». Frase conocida por cierto por estos pagos y más aún si es pronunciada por algún ex presidente. En la ocasión le contestaba a un cronista del «gran diario argentino» una pregunta referida al inaudito crecimiento experimentado en su patrimonio en más de 40 millones de pesos, es decir algo así como un 600 % más respecto a los 6 millones declarados en el año 2003. Es necesario aclarar que los números del incremento patrimonial de la sociedad conyugal no son fruto de denuncias opositoras, ni de trascendidos de prensa, sino más bien de los contenidos de la declaración de bienes que unilateralmente efectuaron ante el órgano de control público.
Soslayando por un momento el marco de estas declaraciones, signadas por la disputa desatada entre el gobierno nacional y el grupo mediático oligopólico conocido como «grupo clarín» no se debiese dejar pasar la oportunidad para profundizara a modo de reflexión en la respuesta ensayada por el ex presidente. El dice que se somete a la investigación de la justicia, luego de la abierta acusación esgrimida públicamente de haberse enriquecido a través del ejercicio de la función de gobierno. En rigor se lo trató a él y a su esposa de ladrones flagrantes.
Causa asombro realmente -por lo menos para el que esto escribe- que Kirchner no desmienta nada, ni mucho menos se indigne. Sencillamente se limita a aclarar que no está dispuesto a contestar la pregunta porque la misma es formulada por un representante de un monopolio de multimedios y que en todo caso sólo estará dispuesto a comparecer ante una interpelación judicial. Y hasta ahí llegamos.
Hace aproximadamente 60 años, un 3 de Diciembre de 1949 el Presidente Juan Domingo Perón ante notas periodísticas publicadas en los diarios La Nación y La Prensa acusándolo de haberse enriquecido raudamente aprovechando la función de gobierno, convocó en la casa de gobierno a una reunión conjuntamente con todo su gabinete abierta a la prensa nacional y extranjera para esgrimir una dura y pública respuesta a la acusación, demostrando con documentación elocuente in situ la falsedad de la misma y poniendo de manifiesto que iniciará acciones legales por calumnias a los responsables de la difamación.
En cambio el matrimonio presidencial eligió otro camino mucho menos explícito y a su vez confuso. Ante semejante e inaudito crecimiento patrimonial y las sospechas inevitables se limitan a esperar que «la justicia actúe». Con lo cual el primer sentimiento que aflora no es el de la indignación, ni mucho menos una contraréplica, sino más bien el de refugiarse en una férrea actitud defensista.
Pues bien, dicen que la Justicia pedirá próximamente la «intervención» de la Oficina Anticorrupción para que analice la declaración patrimonial del matrimonio Kirchner, cuyo crecimiento del 158 por ciento en un año motivó denuncias por presunto enriquecimiento ilícito.
El juez federal de la causa, Norberto Oyarbide, adelantó que la semana venidera le dará «formal intervención a la Oficina Anticorrupción para que realice desde su ámbito, como lo considera la propia ley, la valoración de todo el material probatorio» relacionado con las declaraciones juradas de la pareja presidencial.
«Este tipo de investigaciones no pueden desarrollarse si organismos tales como la Oficina Anticorrupción no solicita que se investigue y se profundice, porque de pronto pueden no cerrar los números declarados», explicó el magistrado, en públicas declaraciones.
En agosto pasado, a partir del requerimiento de instrucción que presentó el fiscal Eduardo Taiano, Oyarbide comenzó el trabajo de recolección de datos para avanzar en la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito de la presidenta Cristina Fernández y su antecesor y esposo, Néstor Kirchner.
Pues bien le proponemos que con los antecedentes aquí volcados identifique al autor de las siguientes declaraciones:
«…que nuestros actos de funcionarios deben estar respaldados por la responsabilidad de probar en cualquier momento, no solamente que uno es honrado, sino que mantiene esa honradez con cualquier procedimiento. Algunos han dicho que el Presidente no debe hacer esto; creo que el Presiente es el que está más obligado, porque haciéndolo yo tienen que hacerlo todos los demás…»
Si a esta altura Ud. conserva alguna duda, es evidente que su extravío histórico y político es grave. Para comenzar a remediarlo le sugerimos que abra el siguente archivo pdf:
