“EL NAVARRAZO”, Córdoba, 1974… (o las puertas del infierno)

 

La noche del miércoles 27 de febrero de 1974 un grupo de más de cincuenta policías cordobeses ingresó a la Casa de Gobierno provincial y depuso al gobernador democráticamente electo Ricardo Obregón Cano y a su vice, el dirigente gremial Hipólito Atilio López. Los rebeldes se encontraban al mando del Teniente Coronel (RE) Antonio Domingo Navarro. Junto a los mandatarios, los sediciosos detuvieron a unas setenta personas que se encontraban en la gobernación. Entre ellos estaban los ministros de Bienestar Social y de Gobierno, Antonio Lombardich y Elio Alfredo Bonetto; los diputados Luis Bruno y Blas García; el presidente del Banco de la Provincia de Córdoba, Julio Aliciardi; el Fiscal de Estado, Juan Carlos Bruera; el director de Prensa, Alejo Díaz Tiliar; y el hijo y secretario personal del gobernador, Horacio Obregón Cano. Navarro había sido relevado de su cargo de Jefe de Policía provincial esa misma tarde por el gobernador, por considerarlo «poco confiable».
Al enterarse del relevo, el jerarca policial acuarteló a unos siete mil efectivos a sus órdenes en la ciudad, aduciendo una «infiltración marxista» en el gobierno. Frente a estos hechos, el Gobierno respondió con su exoneración definitiva y puso en su lugar al Inspector Mayor Rubén Cuello, quien ejercía la subjefatura desde que Navarro detuviera, días atrás, al ex subjefe, Teniente Coronel (RE) Julián Chiappe.
Precisamente Chiappe, días previos realizaba gravísimas acusaciones contra Navarro (La Opinión, 17/02/1974, pag. 9): ”…mantener reuniones clandestinas para conspirar contra la continuidad institucional de la provincia”, atribuyéndole asimismo responsabilidad directa en una serie de atentados terroristas recientes –entre ellos el fallido asalto a la casa del vicegobernador Atilio López- y la preparación de una campaña de desprestigio contra las autoridades legales, “para confundir a los servicios de inteligencia, en su inocultable propósito de ser designado interventor de la provincia”.
En simultáneo grupos de civiles habían tomado las emisoras LV2 -La Voz del Pueblo- y LV3 -Radio Córdoba- y comenzado a emitir comunicados en apoyo al jefe de la insurrección. Una de las transmisiones sostenía que Navarro representaba “una garantía de orden” y era “el vehículo necesario para el proceso de liberación”.
En respuesta, el Gobierno provincial difundió la siguiente declaración: “Antonio Navarro, en franca actitud de rebeldía, lejos de acatar la orden recibida, engaña a sabiendas a parte del personal policial y, con el apoyo de pequeños grupos repudiados por la ciudadanía, se rebela, pretendiendo ser fiscal del gobierno electo por todo el pueblo de la provincia”.
No tardó mucho en ponerse claro el apoyo con el que contaba Navarro tanto del peronismo ortodoxo, a través del sector de la Mesa Redonda Permanente Peronista de Julio Antún como del sindicalismo ortodoxo, que respondía a los dirigentes locales Alejo Simó (UOM) y Bernabé Bárcena (62 Organizaciones reunificadas).
En lo que respecta al gremialismo ortodoxo debemos preguntarnos por su rol en estos acontecimientos. Así, podemos recurrir a un artículo de Santiago Luis Guevara publicado en La Opinión el 28 de febrero, donde se informaba que el día anterior, casualmente, las 62 Organizaciones entregaban para su publicación a la prensa local, por lo menos cuatro horas antes de que tomara estado público el relevo de Navarro, una solicitada en la que hacían referencia a que el doctor Obregón Cano y el señor López eran “…los causantes de los problemas que tiene la provincia”, a quienes acusaban de desacatar las directivas de Perón al permitir la infiltración comunista. Pero, lo que es aún todavía más significativo respecto al levantamiento de Navarro es una parte de la solicitada en la que las 62 hacían referencia a que “ahora se pretende desmantelar a la policía de Córdoba”.
El jueves 28 a las 22.00, el presidente de la Cámara de Diputados provincial, Mario Dante Agodino, asumió la gobernación interina. A la misma hora era llevado a cabo un atentado contra el domicilio de Obregón Cano. Por su parte, el Gobierno Nacional, encabezado por el Teniente General Juan Domingo Perón, lejos de restituir a los funcionarios en sus cargos a través del envío de fuerzas federales en cumplimiento del texto constitucional, por omisión apoyó la sedición para posteriormente legalizarla el sábado 2 de marzo al mediodía dando a conocer su posición: la intervención federal de la provincia.
Una posición que ni siquiera cambió cuando el 1 de marzo Obregón Cano, al ser liberado, solicitara expresamente al ministerio del Interior el auxilio de las fuerzas del gobierno de la Nación para reducir al grupo sedicioso y reestablecer el orden constitucional en la provincia. Pero no sólo eso; si se acepta el relato del matutino Noticias, según informes de la Policía Federal con los que contara su jefe, Tte Gral. (RE) Miguel Ángel Iñíguez, el mismo día 27 a las 20 horas ese cuerpo de seguridad nacional ya había anticipado la decisión del ex jefe de policía provincial de asaltar la Casa de Gobierno. Y finalmente, para completar el inventario de actuaciones del gobierno nacional en aquella agobiante jornada debe hacerse mención al ministro Otero, quien cumplía con un compromiso que tenía agendado desde hacía semanas: la asistencia al Congreso normalizador de la CGT de Alta Gracia que consagrara a un secretariado ortodoxo con el dirigente molinero Bernabé Bárcena a la cabeza.
El dirigente gráfico Raimundo Ongaro junto a Envar El Kadre entre otros dirigentes del Peronismo de Base, en públicas declaraciones ofrecidas en una rueda de prensa el 1 de marzo no dudó en caracterizar la situación crudamente: “Hoy entró a funcionar el golpe en Argentina…a este día lo llamo el 16 de septiembre de 1955, porque ha caído el gobierno popular de Córdoba, Obregón Cano es la representación de la voluntad popular en la provincia”.
Como acertadamente pone de manifiesto Damián Antúnez Harboure en su trabajo de investigación (Tesis doctoral: “La tendencia revolucionaria del peronismo en los gobiernos provinciales: Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Cruz y Salta”. Universidad de Salamanca, Facultad de Geografía e Historia. Departamento de Historial Medieval, Moderna y Contemporánea. Valladolid, Mayo, 2011) se trató de una saga prolijamente planificada y premeditada.
Aquí algunos fragmentos:
Desde una perspectiva estética y si de una obra de teatro se tratara, este conjunto de acontecimientos que comenzaran con la detención de los mandatarios en la noche del 27/28 de marzo y concluyeran el 8 de marzo con las renuncias de Obregón Cano y López y la sanción de la ley de intervención federal, podría asimilarse a un sainete o a una opereta en tres actos. Así, si el primer acto se resume en el golpe policial, el Navarrazo propiamente dicho, y el tercero o acto final es la intervención federal, el segundo no es otro que la asunción del mando de gobernador interino por parte del tercero en el orden sucesorio, el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Dr. Mario Dante Agodino en la noche del jueves 28 de febrero de 1974.
De este modo, ante la ausencia en la provincia del segundo cargo en orden de sucesión, el presidente de la Cámara de Senadores, Norberto Erico Tejada -casualmente un antiguo obregonista-, el diputado Agodino, hombre enrolado en el sector antiobregonista, juraba como gobernador interino con el apoyo de los bloques del FREJULI y la UCR y en presencia de quien desempeñara hasta entonces el principal “rol protagónico”, el sublevado ex Jefe de Policía, Antonio Domingo Navarro.
Pero, como si este dato no fuera por sí mismo significativo, otro detalle mostraba de manera nítida la dimensión de los apoyos con los que contó Navarro para poder proceder como lo hizo; nos referimos a la presencia en la ceremonia de juramento de Agodino junto al sedicioso Navarro del comandante del III cuerpo del Ejército, Gral. Della Croce, así como del jefe de la Guarnición Aérea de Córdoba, Brigadier Noseda.
Los relatos que recrean ese clima de total confusión política y carencia de garantías y seguridad ciudadana imperante en los días que siguieron al juramento de Agodino en Córdoba, se valen de un término que condensa todo aquello: el terror.
Con este término se hacía referencia a todo un despliegue de acciones violentas que tuvieron lugar en la capital cordobesa y que fueron protagonizadas por policías, comandos para policiales y grupos de civiles armados vinculados a la Juventud Sindical Peronista y a otras organizaciones del peronismo ortodoxo.
De todos modos, ni siquiera este clima de violencia e inseguridad pública impidió que al día siguiente de asumir el Dr. Agodino firmara un decreto convocando a elecciones para elegir gobernador y vice y que designara un gabinete integrado en su totalidad por figuras de las agrupaciones de la Mesa Redonda Peronista Permanente (MRPP) de Julio Antún, Unidad y Lealtad de Raúl Bercovich Rodríguez y de otros sectores del espectro sedicioso. Además, también se valió de dichas circunstancias para suscribir nuevos decretos por los que se legalizaba la sedición. Es decir, se derogaban los decretos 740 y 743 de fecha 27 de febrero, los que habían dispuesto el cese y luego la exoneración del ex jefe de policía Navarro y se ratificaba la confianza del gobierno en este ex militar sublevado para el desempeño del cargo de Jefe de Policía.
Pero esta inestabilidad a la que nos referimos llevaba a un punto tal las contradicciones del proceso político que, como hemos señalado, le permitieron a Agodino en cuestión de horas convocar a elecciones y también al momento de la liberación de Obregón Cano afirmar que:
“El doctor Obregón Cano está en libertad, lo mismo que el vicegobernador Atilio López y todos los detenidos. Él puede reasumir el poder cuando lo desee. La decisión le corresponde a él. (…) La policía que conduce el Teniente Coronel Antonio Navarro está nuevamente en sedición”.
Así se llegaba entonces al último episodio; al tercer y último acto de este “sainete”, en el que se pone en marcha el proceso de intervención federal al Poder Ejecutivo de la provincia. De este modo, debemos comenzar por analizar los dos decretos remitidos por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso Nacional entre los días 1 y 2 de marzo de 1974. Con una diferencia de veinticuatro horas el PEN firmaba un decreto por el que ampliaba el temario de la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso Nacional y sometía a su consideración un conjunto de antecedentes acerca de la crisis política e institucional por la que atravesaba la provincia mediterránea y seguidamente enviaba un proyecto de ley por el que se disponía la intervención federal al PE de la provincia de Córdoba, aduciendo “la absoluta falencia institucional creada por su gobierno”. Todo este andamiaje político estaba en la base argumental del dictamen en mayoría de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Administrativos y Municipales del Senado que al ser aprobado por este cuerpo legislativo el día 7 de marzo pasaba a Diputados para ser finalmente sancionado como ley 20.650 el 8 de marzo de 1974.
Si las actuaciones de los ministros de Trabajo, Interior y, en menor medida, Defensa, en consonancia con las declaraciones del líder de la MRPP Julio Antún o de los líderes del sindicalismo ortodoxo generaban una fuerte sospecha de parcialidad política en el tratamiento del conflicto y hasta de complicidad con el acto subversivo de Navarro por parte del gobierno nacional, una lectura política de los dos mensajes que enviara al Congreso no hace más que confirmar esas sospechas. El primer lugar, y tal como lo hicieron los senadores y diputados de la oposición en sus respectivos debates parlamentarios, debemos señalar una serie de particularidades contenidas en lo que podríamos considerar como un intento “sui-generis” de sociología histórica con la cual el PEN procuraba encuadrar la crisis de la provincia mediterránea. Así, la primera de estas notas que causa especial perplejidad es la siguiente:
“Debe señalarse que Córdoba, especialmente la ciudad capital, dentro del panorama argentino, señala rasgos señaladamente distintos al resto del país. Por su historia, por su tradición de meridiano político durante la época colonial y las largas luchas y guerras civiles que precedieron a la organización e institucionalización nacional, significó para el país un centro de equilibrio a veces y, lo contrario, generalmente. Allí el país comenzaba a ser el interior. Estaba, diríamos, en los límites de la América interior, pero, culturalmente pertencía a su periferia.”
Continuando con aquella particular recreación histórica, el redactor del memorando no vacilaba en considerar al movimiento universitario de la “trisecular Casa de Trejo” como un movimiento en el que primaba “…la confusión ideológica y la indefinición programática.” Paso seguido, se dejaba constancia de la conformación de la “Córdoba industrial del justicialismo” para luego señalar la curiosa conjunción de “ultramontanos”, “herederos de los movimientos universitarios del ’18 y del ’32” y hasta de “fascistas” del movimiento político y cultural que derrotara al peronismo en 1955. Entonces, podría preguntarse: ¿qué se buscaba con toda esta declamatoria? La respuesta se descubre ya en los siguientes dos párrafos. Se trataba de construir un cierto sofisma en donde la provincia parecía debatirse a lo largo de su historia entre una “revolución auténtica” -presuntamente la justicialista- y “otras” que se agrupaban en el cajón de sastre de los “desvíos”. Un cajón en el que, por cierto, caerían también Ricardo Obregón Cano y Atilio López. Veamos:
“Esta Córdoba es la realidad con la que debieron manejarse los gobernantes electos el 11 de marzo y con la que tenemos que manejarnos nosotros. Desgraciadamente los elegidos, ya gobierno, no supieron colocarse a la altura de los deberes de su función y comprender el curso de un movimiento nacional con capacidad para expresarse hasta en los programas de sus adversarios de la víspera.”
“Sin percatarse, se fueron alejando de la revolución auténtica que vive y que quiere la Argentina, y la única posible en las consideraciones históricas en que ella se está dando, para adoptar, o tolerar la incidencia de programas o ideologías inadecuadas y antagónicas con el real proceso de reconstrucción nacional, revolución en paz e integración latinoamericana, producto de un desarrollo sociopolítico auténtico, y desemboque histórico de siglos de experiencias y de luchas nacionales, plasmadas en una concepción coherente.”
Ni una sola mención al acto de sedición del ex jefe de policía Navarro ni a su actitud de sublevación y alzamiento contra las autoridades provinciales, a las cuales se encontraba subordinado. En este relato la detención aparecía como un hecho más producido dentro del agravamiento de un clima de crisis política irrefrenable, casi confundiéndose con las explicaciones vertidas por Navarro para justificar su actitud, sin que éstas le merecieran juicio valorativo alguno.
La discusión acerca de lo acontecido en las últimas décadas y sus implicancias en la suerte de nuestro destino como Nación no está cerrada, sino que por el contrario cada vez más candente; sin embargo este período que abarca desde los últimos años de vida del General Péron en el ejercicio de su última presidencia, el sucesivo gobierno de María Estela Martinez hasta el 24 de marzo de 1976, es objeto hasta nuestros días de un ensordecedor espiral de silencio.
Espiral de silencio que vendría a conjurar los peligros de ciertas “verdades inconvenientes” o “inoportunas”. Sin embargo, como siempre se dijo la única verdad es la realidad y hay que asumirla tal cual es.
He aquí los hechos que son sagrados, nos resta procesar y proclamar una interpretación. A 43 años de estos sucesos, lejos de conclusiones cerradas y definitivas, su rememoración impone reflexiones y preguntas, y no precisamente como mero debate historiográfico.
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